El Congreso Nacional cuenta con una versión final consensuada de la denominada Ley de Justicia Energética, una propuesta que plantea cambios profundos en la organización y funcionamiento del subsector eléctrico hondureño.

El documento reforma varios artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica y establece como objetivos mejorar la eficiencia del servicio, reducir costos, promover la competencia y atraer nuevas inversiones.

También incorpora expresamente el almacenamiento de energía dentro de las actividades reguladas.