Washington, Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha reforzado el uso de multas civiles como parte de su estrategia para incentivar la salida de inmigrantes indocumentados con órdenes definitivas de deportación, imponiendo sanciones que, en algunos casos, superan los 1.8 millones de dólares por persona, según una investigación publicada por The New York Times.

De acuerdo con el reportaje, más de 100,000 personas han recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que acumulan una multa de 998 dólares por cada día que permanecen en Estados Unidos después de que un juez de inmigración emitiera una orden final de expulsión.

Aunque estas sanciones están contempladas en la legislación migratoria desde 1996, el diario señala que nunca antes habían sido aplicadas de forma tan amplia, convirtiéndose ahora en una pieza clave de la política de deportaciones impulsada por la actual administración.

Uno de los casos citados es el de Vivi Vásquez, una inmigrante mexicana con 17 años de residencia en Estados Unidos y una solicitud de visa humanitaria en trámite, quien recibió una notificación con una multa de 1,820,352 dólares. Según el periódico, la comunicación incluía información sobre el programa de autodeportación mediante la aplicación CBP Home, ofreciendo la condonación de la deuda si abandonaba voluntariamente el país.

La medida ha provocado una ola de impugnaciones judiciales. Organizaciones de defensa de los migrantes y abogados sostienen que estas multas violan el debido proceso y la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe sanciones económicas excesivas. Sin embargo, el gobierno argumenta que solicitar un beneficio migratorio posteriormente no elimina el incumplimiento de una orden previa de deportación.

Según cifras del DHS citadas por The New York Times, entre el 20 de enero de 2025 y mediados de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impuso más de 103,000 multas, por un monto superior a 84,000 millones de dólares, de los cuales ya se han recuperado más de 1.2 millones.

El reportaje también señala que algunos inmigrantes han comenzado a transferir propiedades y otros bienes a fideicomisos para proteger su patrimonio ante posibles embargos, afectaciones al historial crediticio o procesos de cobro.

Además, abogados consultados por el periódico afirman que el Departamento de Seguridad Nacional ya está remitiendo parte de estas deudas a agencias privadas de cobranza y que el Departamento de Justicia ha iniciado acciones judiciales para exigir el pago, incluyendo embargos salariales y retención de devoluciones de impuestos. Organizaciones civiles mantienen demandas colectivas con el objetivo de frenar la aplicación de estas sanciones, al considerar que constituyen una forma de presión económica desproporcionada contra la población migrante.