Honduras retornó oficialmente este 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), recuperando un mecanismo internacional de arbitraje que el Gobierno de Nasry Asfura considera clave para fortalecer la seguridad jurídica y atraer nuevas inversiones.

El país había dejado de formar parte del convenio el 26 de agosto de 2024, después de que la administración de Xiomara Castro denunciara el acuerdo el 29 de febrero de ese año.

El giro comenzó con la actual administración. El 17 de julio de 2026, Honduras depositó ante el Banco Mundial su instrumento de ratificación y se convirtió nuevamente en Estado contratante del Convenio del CIADI. Tras cumplirse el plazo correspondiente, su entrada en vigor se produce este domingo.

Una señal para los inversionistas

El secretario de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, sostuvo que el retorno busca transmitir un mensaje de estabilidad a los capitales internacionales.

“Honduras está lista para las inversiones con reglas claras y con seguridad jurídica”, manifestó.

Para el Gobierno, disponer nuevamente de este mecanismo puede ser especialmente relevante para proyectos que necesitan 15 o 20 años para recuperar la inversión, además de contribuir a mejorar la percepción internacional de riesgo del país.

Sin embargo, volver al CIADI no resuelve por sí solo uno de los principales problemas heredados: las controversias internacionales que Honduras ya enfrenta.

18 demandas siguen sobre la mesa

Según el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, Honduras enfrenta actualmente 18 demandas ante el CIADI, muchas con reclamaciones que oscilan entre 1,600 y 2,500 millones de lempiras.

Esos valores corresponden a las cantidades reclamadas por los inversionistas y no representan automáticamente una deuda que Honduras deberá pagar. Los tribunales pueden rechazar las reclamaciones, reducirlas o establecer indemnizaciones diferentes.

La salida del CIADI tampoco hizo desaparecer los procedimientos que ya estaban en marcha. Esas controversias mantienen su curso y obligan al Estado a continuar destinando recursos a abogados, peritos y otros gastos de defensa.

Conciliar para reducir la factura

La PGR estudia la posibilidad de alcanzar acuerdos en algunos procesos cuando resulte económicamente más conveniente que continuar litigando.

Aspra ha planteado que determinadas conciliaciones podrían representar ahorros de hasta 50 %, aunque esto dependerá de las circunstancias particulares de cada controversia.

La decisión supone evaluar el monto reclamado, las posibilidades de ganar o perder, los costos futuros de la defensa y cuánto estaría dispuesto a aceptar el inversionista para cerrar el litigio.

Por ello, conciliar no necesariamente significaría reconocer una derrota del Estado. En determinados casos podría convertirse en una estrategia para limitar riesgos y proteger recursos públicos.

El verdadero desafío comienza ahora

El regreso al CIADI ofrece a Honduras una herramienta adicional para transmitir seguridad jurídica a los inversionistas, pero su efecto dependerá también de la manera en que el Estado administre sus controversias y respete las reglas aplicables a las inversiones.

El desafío será convertir esa señal internacional en resultados concretos: nuevos capitales, empresas, proyectos y empleos, mientras el Gobierno intenta reducir la exposición financiera derivada de las demandas existentes.