El documento, presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), expone la versión institucional de las consejeras Cossette López-Osorio y Ana Paola Hall sobre los acontecimientos que rodearon las elecciones primarias y generales de 2025. La tesis central sostiene que existió una estrategia coordinada para obstaculizar el proceso electoral, impedir la declaratoria de resultados y afectar la alternancia democrática.

El informe se estructura en cinco grandes apartados: el contexto del proceso electoral, los antecedentes en las elecciones primarias, la instrumentalización de instituciones del Estado, la etapa poselectoral marcada por la desinformación y los anexos documentales que, según el CNE, respaldan sus afirmaciones.

¿Cómo sostiene el documento que la democracia hondureña estuvo en peligro?

El informe argumenta que la democracia enfrentó un riesgo real debido a una serie de acciones coordinadas que, según sus autoras, buscaban impedir que el CNE concluyera el proceso electoral y emitiera la declaratoria oficial de resultados.

1. Intento de paralizar el funcionamiento del CNE

El documento afirma que el entonces consejero Marlon Ochoa bloqueó reiteradamente las sesiones del Pleno para impedir decisiones relacionadas con el cronograma electoral y, especialmente, con la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según el informe, esa falta de quórum retrasó procesos fundamentales como la contratación del TREP, la actualización del censo electoral y otras adquisiciones tecnológicas indispensables para las elecciones generales.

2. Interferencia de las Fuerzas Armadas

Uno de los señalamientos más fuertes del documento es contra las Fuerzas Armadas.

Las consejeras sostienen que durante las elecciones primarias hubo retrasos deliberados en la distribución del material electoral y que altos mandos militares desconocieron la subordinación constitucional que debían mantener frente al CNE.

Asimismo, aseguran que el entonces jefe del Estado Mayor solicitó acceso a las actas presidenciales para realizar un conteo paralelo, petición que califican como un intento de asumir funciones que corresponden exclusivamente al órgano electoral.

3. Actuaciones del Ministerio Público

El documento sostiene que el Ministerio Público utilizó investigaciones penales como mecanismo de presión contra las autoridades electorales.

Se señala que, tras las elecciones primarias, fiscales y agentes de la ATIC realizaron aseguramientos de documentos, citaron reiteradamente a funcionarios del CNE e iniciaron investigaciones contra las consejeras mientras, según el informe, no investigaban otras denuncias relacionadas con la logística electoral.

Las autoras consideran que estas actuaciones generaron un ambiente de intimidación que buscaba limitar la autonomía del órgano electoral.

4. Boicot a los escrutinios especiales

El informe afirma que integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), acreditados por determinados partidos políticos, retrasaron deliberadamente los escrutinios especiales.

Entre los hechos que menciona se encuentran:

• bloqueos al ingreso del Centro Logístico Electoral;
• negativa a integrar mesas de escrutinio;
• demoras de hasta doce horas para revisar una sola acta;
• colocación de actas «en cero»;
• devolución de maletas electorales sin procesarlas.

Según el documento, estas acciones buscaban impedir que el CNE concluyera el escrutinio dentro de los plazos constitucionales.

5. El momento de mayor riesgo institucional

El documento sostiene que el momento más delicado ocurrió cuando estaba próximo el vencimiento del plazo constitucional para emitir la declaratoria presidencial.

Las consejeras argumentan que si el CNE no declaraba oficialmente al ganador antes del 27 de enero de 2026, podía activarse el mecanismo previsto en el artículo 242 de la Constitución, mediante el cual el Poder Ejecutivo sería ejercido temporalmente por el Consejo de Secretarios de Estado y posteriormente deberían convocarse nuevas elecciones.

Según el informe, impedir la declaratoria era el objetivo principal de las acciones descritas.

¿Qué papel atribuye el documento a Cossette López y Ana Paola Hall?

El documento presenta a ambas consejeras como las funcionarias que evitaron que el proceso electoral colapsara.

Según la narrativa institucional:

Mantuvieron funcionando el CNE

Pese a la falta de quórum y a las presiones internas, impulsaron las decisiones necesarias para que continuara el cronograma electoral y se concretaran las contrataciones pendientes.

Resistieron investigaciones y presiones

El informe afirma que ambas enfrentaron investigaciones penales, campañas de desprestigio, amenazas y violencia política de género sin abandonar sus funciones.

Incluso sostiene que en diciembre de 2025 permanecieron en lugares seguros mientras continuaban dirigiendo las sesiones del Pleno de manera virtual para evitar una eventual captura que, según el documento, habría impedido concluir el proceso electoral.

Emitieron la declaratoria electoral

El texto destaca que, ante la negativa del entonces consejero propietario de firmar la declaratoria, el Pleno fue integrado con un consejero suplente para cumplir el quórum legal y emitir oficialmente los resultados de las elecciones presidenciales y posteriormente de los demás niveles electivos.

Desinformación y violencia política

Otro eje importante del documento es la denuncia de campañas de desinformación.

Las consejeras sostienen que durante y después del proceso electoral fueron objeto de ataques coordinados en redes sociales, noticias falsas y violencia política de género.

El informe cita observaciones de organismos internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y menciona datos del sistema eMonitor+ del PNUD sobre publicaciones dirigidas contra las autoridades electorales.

Conclusión del documento

El informe concluye que las elecciones generales de 2025 sí lograron completarse y que la voluntad popular fue preservada gracias a la actuación del CNE. Según las autoras, la combinación de presiones políticas, bloqueos institucionales, acciones judiciales, conflictos internos y campañas de desinformación puso en riesgo la estabilidad democrática, pero no logró impedir la declaratoria de resultados ni la alternancia en el poder. El texto plantea que estos hechos deben quedar documentados como una «verdad histórica» para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Importante: Este documento constituye la posición institucional presentada por las consejeras Cossette López-Osorio y Ana Paola Hall y reúne su interpretación de los hechos, respaldada —según el propio informe— por actas, certificaciones, informes técnicos y referencias a observaciones internacionales. Muchas de las afirmaciones sobre responsabilidades y motivaciones de otros actores son presentadas como denuncias o conclusiones del documento y no equivalen, por sí mismas, a determinaciones judiciales firmes.