Redacción: Contextohn

La sentencia del 29 de agosto de 2023 sobre el caso comunidad garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras contiene varios elementos fundamentales para comprender una controversia territorial que involucra derechos colectivos, propiedades particulares, inversiones, viviendas y actividades económicas.

ESTAS SON LAS CLAVES QUE DEBES CONOCER:

1. La propiedad colectiva no prevalece automáticamente sobre la privada

Uno de los puntos determinantes aparece en el párrafo 205 de la sentencia.

La Corte reconoció que la posesión tradicional puede generar derechos territoriales para pueblos indígenas y tribales aun sin un título formal, pero también contempló situaciones en las que las tierras fueron legítimamente transferidas a terceros de buena fe.

El fallo establece expresamente: “Esto no significa que siempre deba prevalecer la propiedad comunitaria indígena sobre la particular”.

Por tanto, cuando entran en conflicto ambos derechos, corresponde al Estado realizar una ponderación caso por caso.

2. La Corte descartó un desalojo de 7,620 habitantes no garífunas

Otro elemento clave fue la cantidad de personas establecidas dentro del territorio.

Durante la visita realizada por la Corte en mayo de 2023, el Estado actualizó sus datos e informó de la presencia de 7,620 habitantes no garífunas, dentro de una población total estimada de 10,905 personas en el área reconocida.

La restitución directa de las 674.69 hectáreas habría implicado expropiaciones y el desplazamiento de miles de residentes, la Corte no ordenó esa medida.

3. Había más de 3,000 casas y lotes, hoteles y negocios

La zona reclamada no era un territorio desocupado. Los registros incorporados al expediente contabilizaban 3,109 casas y lotes, además de 11 complejos hoteleros y 180 comercios o negocios legalmente registrados.

Entre las actividades económicas figuraban restaurantes, talleres, pulperías, tiendas, operadores turísticos, inmobiliarias y otras empresas.

Esta realidad territorial y económica formó parte de los elementos examinados por el tribunal.

4. Existían más de 100 escrituras de compraventa

La documentación analizada también reveló una extensa actividad inmobiliaria. El Instituto de la Propiedad había registrado más de 100 escrituras públicas de compraventa a personas no indígenas.

Además, la municipalidad de Tela había otorgado más de 120 permisos de construcción y más de 60 documentos de dominio pleno a personas no indígenas.

Para la comunidad garífuna, precisamente estas transferencias y adjudicaciones formaban parte de su reclamo contra el Estado.

5. Propietarios particulares presentaron documentos ante la Corte

La situación de los terceros no fue ignorada durante el proceso. Empresas, desarrolladores y familias propietarias entregaron documentación relacionada con sus terrenos y viviendas durante la visita de la Corte a Tela.

Entre el material recibido figuraron documentos sobre dominios plenos, posesiones y antecedentes de desarrollos inmobiliarios.

Esto permitió que la existencia de intereses particulares y propiedades privadas formara parte del material probatorio examinado por el tribunal.

6. La solución fue tierra alternativa o indemnización

En lugar de ordenar el desalojo de miles de habitantes y la restitución material de toda la extensión reconocida, la Corte estableció otra vía.

El Estado hondureño deberá proporcionar a la comunidad de San Juan tierras alternativas de igual extensión y de igual o mayor calidad, descontando aproximadamente 63 hectáreas que ya posee.

También se contempla una indemnización, si esa es la alternativa escogida por los beneficiarios.

7. La Corte reconoció los derechos territoriales de la comunidad garífuna

La Corte IDH condenó al Estado de Honduras al considerar que vulneró el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad de San Juan y que durante años no brindó una respuesta adecuada a sus reclamaciones territoriales.

Ese reconocimiento constituye una parte central de la sentencia, pero no significó ordenar automáticamente la entrega material de toda el área reclamada.

8. El fallo obliga a equilibrar derechos

La sentencia deja un punto esencial: reconocer la propiedad colectiva de la comunidad garífuna no supone desconocer automáticamente derechos legítimamente adquiridos por terceros.

El desafío para Honduras consiste en ejecutar la sentencia respetando los derechos reconocidos a San Juan y, simultáneamente, evaluar las situaciones de propietarios particulares conforme a sus antecedentes jurídicos.

En San Juan, por tanto, el debate no puede reducirse simplemente a escoger entre propiedad colectiva o propiedad privada. La propia Corte IDH estableció que ambos derechos pueden entrar en conflicto y que corresponde ponderarlos individualmente, particularmente cuando existen terceros de buena fe y propiedades legítimamente transferidas.