*** Solo Ciudad Morazán tiene demandado al Estado por $100 millones

*** Se debe procurar que empresarios que ya apostaron por establecer operaciones en el país puedan mantener sus inversiones

Tegucigalpa, Honduras. — El analista Kenneth Madrid llamó a buscar una salida jurídica a la situación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que permita proteger las inversiones realizadas en Honduras, al considerar que los conflictos derivados de su derogación no deberían traducirse en medidas que afecten el capital, la generación de empleo o la llegada de nuevos inversionistas.

Durante su participación en el programa Analistas de la Noticia, que dirige el periodista Carlos López en el canal ICN,  Madrid sostuvo que el país debe revisar el marco relacionado con las ZEDE y encontrar mecanismos que permitan la continuidad de inversiones que se establecieron cuando ese régimen contaba con respaldo legal.

“El tema de la ZEDE estaba en la Constitución, había una ley y el inversionista se instaló”, expresó el analista, quien planteó que cualquier problema de constitucionalidad debe solucionarse por las vías correspondientes, procurando preservar la seguridad jurídica.

PONE COMO EJEMPLO LA INVERSIÓN EN ZEDE MORAZÁN

Madrid señaló que Honduras debería procurar que empresarios que ya apostaron por establecer operaciones en el país puedan mantener sus inversiones y puso como ejemplo el caso de ZEDE Morazán.

A su criterio, la discusión debe concentrarse en encontrar una fórmula jurídicamente viable que permita conservar las inversiones y los puestos de trabajo, sin apartarse de la Constitución.

“No se puede atacar la inversión donde se genera empleo a la gente, sino que se debe solucionar el problema”, manifestó.

El analista consideró que Honduras puede contar con regímenes especiales para atraer capital, como ocurre en otros países, pero subrayó que estos deben funcionar dentro del marco constitucional y respetando los derechos de los ciudadanos.

“Los regímenes especiales son buenos y atractivos cuando se establecen en el marco de la Constitución de la República, en el respeto del derecho de todos los ciudadanos”, sostuvo.

PROPONE DIÁLOGO ENTRE ESTADO E INVERSIONISTAS

Madrid planteó que una de las alternativas es abrir una negociación entre las autoridades hondureñas y los inversionistas afectados por la derogación del régimen.

“Ambas partes deben sentarse en la mesa”, señaló, al considerar que existen condiciones para alcanzar acuerdos que permitan que el capital invertido permanezca en Honduras.

Según Madrid, tras la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE y las posteriores decisiones sobre su constitucionalidad, uno de estos proyectos redujo su proyección de empleos de 3,500 a unos 900 puestos.

Madrid consideró que alcanzar acuerdos no solo tendría efectos sobre las inversiones existentes, sino que también podría enviar una señal a empresarios que evaluaban colocar capital en Honduras y que desistieron ante la incertidumbre jurídica.

DESTACA RETORNO DE HONDURAS AL CIADI

Madrid también abordó la situación de las controversias internacionales relacionadas con Honduras. Según indicó, de 18 demandas que llegaron a estar registradas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) quedarían 13 activas, luego de retiros o modificaciones en algunas reclamaciones.

En ese contexto, valoró el retorno de Honduras al CIADI al considerar que representa una señal favorable para la inversión extranjera directa.

“El hecho que Honduras retornara al CIADI es enviar un mensaje claro a la inversión extranjera directa”, expresó Madrid, quien considera que contar con mecanismos independientes de arbitraje ofrece garantías adicionales al capital extranjero.

Asimismo, recordó que la Ley Orgánica de las ZEDE contemplaba disposiciones de estabilidad y protección para las inversiones aun en un escenario de derogación de la normativa, además del respeto a convenios de estabilidad jurídica.

Madrid insistió en que la solución debe pasar por el diálogo y por un marco que concilie el respeto a la Constitución con la seguridad jurídica de quienes realizaron inversiones bajo la legislación que se encontraba vigente.