La Arquidiócesis Católica Romana de San Francisco se acogió el lunes al Capítulo 11 de la ley de bancarrota, diciendo que es necesario resolver las más de 500 demandas por abuso sexual infantil que datan de décadas atrás.

Los defensores de las víctimas a califican la decisión como un intento de negar justicia y transparencia a los sobrevivientes.

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La petición fue presentada en el Tribunal de Quiebras de EEUU para el Distrito Norte de California, informó el arzobispo Salvatore J. Cordileone el lunes, argumentando que era la “mejor solución para proporcionar una compensación justa y equitativa a los sobrevivientes inocentes que han sido perjudicados”.

“La desafortunada realidad es que la arquidiócesis no tiene los medios financieros ni la capacidad práctica para litigar todos estos reclamos de abuso individualmente”, se lee en el comunicado publicado en la página web.

“Es la mejor manera de brindar una resolución muy necesaria a los sobrevivientes mientras permite que la arquidiócesis continúe con su misión sagrada para los fieles y los necesitados. Debemos buscar la purificación y la redención para sanar, especialmente a los sobrevivientes que han llevado la carga de estos pecados contra ellos durante décadas”, agrega el comunicado.

Cordileone comentó que la mayoría de los presuntos abusos ocurrieron entre la década de 1960 y la de 1980 e involucraron a sacerdotes fallecidos o que ya no están en el ministerio.

Críticas a la Arquidiócesis de San Francisco

El anuncio provocó críticas de los defensores que argumentaron que podría “evitar que los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero reciban la justicia adecuada por las demandas presentadas en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles de California”, explicó Jeff Anderson, un abogado que representa a más de 125 personas que demandan a la arquidiócesis.

En un comunicado publicado en el sitio web de su firma, Anderson calificó la decisión del arzobispo de “peligrosa” y dijo que demuestra su preferencia por el “secreto y la autoprotección”.

La arquidiócesis no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Washington Post sobre la acusación de Anderson el lunes por la tarde. Cuando se le preguntó sobre la declaración de bancarrota, se refirió a la declaración en su sitio web.

Dan McNevin, representante de la organización sin fines de lucro Survivors Network of Those Abused by Priests, también había advertido previamente sobre las consecuencias dañinas de tal medida.

“La bancarrota de San Francisco pondrá a los sobrevivientes que tienen el coraje de contar sus historias con mano dura”, le comentó McNevin al San Francisco Chronicle este mes, cuando el periódico informó sobre la intención de la arquidiócesis de buscar las protecciones.

“Si se permite que se mantenga, la quiebra detiene los juicios, los testimonios, el descubrimiento legal y la divulgación de los archivos de los sacerdotes y otros perpetradores que, si se divulgan, podrían usarse para evaluar quién en la organización ayudó a encubrir los delitos”, agregó.

“Es un beneficio final doble; guardan sus secretos y conservan más de su riqueza”, comentó McNevin al Chronicle.

Anderson y otros defensores también han cuestionado la negativa de la arquidiócesis a publicar información sobre miembros del clero acusados ​​de abuso sexual infantil.

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Según la Agencia Católica de Noticias, más de dos docenas de diócesis en los Estados Unidos se han declarado en bancarrota, la mayoría de ellas en la última década. (eltiempo)

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