El medio salvadoreño El Faro denunció este jueves que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó la intervención de bienes personales pertenecientes a accionistas de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora del periódico digital. La medida, según el medio, forma parte de lo que califica como “el más reciente episodio de una larga persecución fiscal”.

Desde 2023, la estructura administrativa y legal de El Faro opera en Costa Rica, tras alegar falta de garantías para ejercer el periodismo independiente en El Salvador.

Congelamiento de cuentas y anotaciones preventivas

En un comunicado, El Faro afirmó que entre febrero y abril de 2026 se congelaron fondos bancarios y un inmueble pertenecientes a dos de sus socios. La acción se habría ejecutado mediante una “anotación preventiva”, figura fiscal que permite reservar bienes individuales como garantía ante eventuales deudas tributarias.

El medio sostiene que esta medida se suma a una serie de auditorías y procesos iniciados desde 2020, cuando Bukele acusó públicamente a El Faro de lavado de dinero.

El Faro asegura que, al no encontrar pruebas que respaldaran esa acusación, el Ministerio de Hacienda cambió el enfoque hacia supuestos casos de evasión fiscal en cuatro ejercicios auditados.

“Difícil defenderse en un sistema judicial cooptado”

El periódico digital afirma haber apelado todas las conclusiones fiscales, pero denuncia que el contexto institucional del país limita su capacidad de defensa.

“Es muy difícil defenderse en un sistema judicial cooptado como el de El Salvador. Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, señala el comunicado.

El Faro sostiene que las acciones buscan intimidar y silenciar al periodismo independiente, una acusación que el Gobierno salvadoreño ha rechazado en ocasiones anteriores cuando organizaciones internacionales han cuestionado su trato hacia la prensa.

Contexto: una relación tensa desde 2020

La confrontación entre el Gobierno de Bukele y El Faro se remonta a:

• 2020: el presidente acusó al medio de lavado de dinero en cadena nacional.
• 2020–2023: Hacienda abrió múltiples auditorías contra Trípode S.A. de C.V.
• 2023: El Faro trasladó su estructura legal a Costa Rica alegando persecución estatal.
• 2026: se ejecutan medidas sobre bienes personales de accionistas.

Organizaciones como Human Rights Watch, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras han documentado tensiones crecientes entre el Gobierno salvadoreño y medios críticos.