Una empresaria de Honduras denunció al canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, por la supuesta administración fraudulenta de $4 millones que entregó en custodia a la empresa fiduciaria ATA Trust Company S. A., de la cual el ministro era presidente.

La denunciante alega que ATA Trust se niega a devolver el dinero, aunque se le solicitó desde hace tres años.

Se trata de la gerente general y administradora única de SMG Comercial S. A., Dulce María Mejía Cosco, quien alega que contrató los servicios de la fiduciaria, en setiembre del 2021, para que custodiara el capital y lo administrara bajo sus instrucciones.

Antes de que hubiera pasado un año, en julio de 2022, la firma SMG decidió realizar una auditoría interna, en la cual se requirió la revisión de los $4 millones que estaban bajo custodia de ATA, pero en agosto de ese año, la empresa fiduciaria costarricense impidió la auditoría y negó el acceso a la documentación.

Según puntualizó el abogado de la hondureña, Rogelio Ramírez, la fiduciaria argumentó que los $4 millones estaban depositados en una cuenta bancaria junto con otros capitales custodiados o administrados por ATA Trust, lo cual él calificó de irregular.

Según el abogado, esa negativa generó que la empresa hondureña exigiera la devolución del capital custodiado, pero ATA Trust, a través de sus representantes, Philip André Sánchez y Alonso Vargas Araya, habría ignorado las instrucciones de la empresa propietaria del dinero.

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que se lleva adelante una investigación contra el canciller de la República, Arnoldo André, por un presunto delito de administración fraudulenta, bajo la causa 25-000040-0030-PE.

Dicha investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, debido a que André tiene fuero de inmunidad, por tratarse de un ministro de gobierno.

Adicionalmente, la Fiscalía confeccionó un testimonio de piezas en contra de André Sánchez y Vargas Araya, que se envió a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea para que se le dé trámite en ese despacho.

El abogado de la empresaria hondureña explicó que originalmente se denunció al canciller por apropiación indebida de un capital, pero la Fiscalía recalificó el caso a un delito a administración fraudulenta.

La sociedad ATA Trust Company es la misma compañía que administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, utilizado por la campaña electoral de Rodrigo Chaves para captar recursos privados a pagar gastos electorales, al margen de las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Negativa a entregar capital de inversionista hondureña

Luego de haber solicitado la devolución de los $4 millones en custodia, la firma hondureña solo encontró silencio de parte de la empresa fiduciaria ATA Trust, lo que obligó a Dulce María Mejía y otros representantes de SMG Comercial a venir al país a exigir la devolución de sus recursos.

“Ante la solicitud formal de devolución de los fondos, André Sánchez y Vargas Araya se negaron a entregarlos, argumentando que existía una tercera empresa que, aunque no figuraba en el contrato, era su criterio que requerían de una autorización conjunta entre SMG y esa tercera empresa, o bien una orden judicial, que les ordenara entregar el dinero a su propietario”, explicó el abogado de la firma hondureña.

Rogelio Ramírez sostiene que ATA Trust incumplió el acuerdo con SMG Comercial de utilizar el dinero estrictamente bajo instrucciones de la empresa hondureña.

El abogado dijo que la tercera sociedad es el mismo bufete de abogados en que laboraba Arnoldo André Tinoco, Lexincorp, del que también forman parte los representantes de ATA Trust, Philip André y Alonso Vargas.

El contrato de depósito de garantía/custodia de fondos, firmado entre ATA Trust y SMG Comercial y del cual La Nación tiene una copia, no incluye la figura de un fideicomisario.

Ramírez sospecha que ATA Trust pretende apoderarse del dinero a través de una tercera sociedad que, en realidad, está vinculada a la fiduciaria.

ATA Trust alega desconocer investigación penal

Consultada respecto a la investigación penal en su contra, ATA Trust Company S. A. respondió a La Nación que, hasta el momento, desconocen que exista una denuncia en su contra o de una investigación penal en curso.

“Revisaremos el caso con nuestro equipo legal, para contar con plena certeza sobre cualquier situación que pudiera estar relacionada con nuestra organización”, indicaron.

La compañía aseguró que se caracteriza por su “estricto apego a la ley y por mantener una conducta ética en todas sus operaciones”.

“Nuestro compromiso es siempre con la legalidad, la integridad y la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes, colaboradores y aliados. Por ello, reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de que así se requiera, con la finalidad de aclarar cualquier duda o información que se relacione con nuestra actividad”, alegó la firma.(nacion.com)