El Título 42 va a ser historia desde este viernes, pero eso no implica mayores facilidades para la entrada en Estados Unidos. Al contrario, asegura el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “La frontera no está abierta”, ha subrayado este jueves en una rueda de prensa en la Casa Blanca, horas antes de que expire la medida migratoria que permitía las expulsiones rápidas de inmigrantes irregulares con el argumento de la covid.

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“La inmensa mayoría de quienes no cumplan los requisitos de asilo serán expulsados” y no podrán entrar de nuevo en el país durante cinco años. Se arriesgarán también a que se les abra un proceso judicial penal, ha apuntado el secretario.

Las autoridades estadounidenses permanecen en vilo ante lo que pueda suceder cuando esta medianoche deje de aplicarse el Título 42. La oposición republicana pronostica que más de un millón de personas tratará de cruzar la frontera en los próximos tres meses; la Cámara de Representantes, controlada por este partido, presentaba este jueves un proyecto de ley con duras medidas en la frontera.

 Las autoridades locales en las zonas limítrofes con México advierten que ya han aumentado los flujos diarios de migrantes hacia Estados Unidos, que ya se sitúan en las 10.000 personas diarias.

El propio Mayorkas ha reconocido que las cifras crecen y que los centros de procesamiento pueden verse desbordados: “Es imposible exagerar la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones”.

A comienzos de esta semana, el presidente Joe Biden advertía que la situación en la frontera será “caótica” durante un tiempo.

Una vez que expire el Título 42, una medida que data de la era de Donald Trump en la presidencia estadounidense, volverá a aplicarse el llamado Título. 8, que estuvo vigente hasta 2020. Esta medida permite que los solicitantes de asilo puedan permanecer en suelo estadounidense mientras se tramita su caso, pero endurece los supuestos en los que se admiten a trámite las peticiones y prevé la expulsión casi inmediata de los no aceptados. Según Mayorkas, las familias rechazadas serán sacadas del país en menos de treinta días.

“En la primera mitad de este año fiscal hemos expulsado a más de 665.000 personas, completamos docenas de vuelos de deportación cada semana y su número sigue creciendo”, señalaba. Solo este miércoles “colaboramos con el Gobierno de México para expulsar a cerca de mil venezolanos que no emplearon las opciones legales disponibles para entrar”.

En los últimos meses, según recuerda el Gobierno estadounidense, la Administración ha acelerado el establecimiento de centros provisionales para procesar a los migrantes a lo largo de la frontera. Ha establecido otros centros en Colombia y Guatemala para recibir solicitudes de asilo de migrantes procedentes de cualquier lugar del mundo y ha habilitado una aplicación de móvil para presentar las peticiones necesarias.

También ha establecido unos cupos mensuales -30.000 visados- para nacionales de determinados países que cuenten con el patrocinio de algún residente dentro de Estados Unidos, aunque el número actual es insuficiente para cubrir la demanda.

El alto funcionario atribuyó la situación actual a un sistema migratorio disfuncional que no ha afrontado ninguna reforma significativa desde los años noventa, bloqueados todos los intentos por un Congreso cada vez más dividido. “Desde entonces la migración ha cambiado mucho y las leyes también tienen que cambiar”, sostuvo Mayorkas.

 A la falta de adecuación del sistema se le suma, sostuvo, la falta de recursos, “menores de lo que necesitamos y que hemos solicitado” pero que el Legislativo no les ha concedido.

En referencia a la descripción de Biden sobre una situación “caótica”, Mayorkas apuntó que su Departamento vive la transición como “un desafío”. “Un desafío que vamos a superar”, recalcó. El alto funcionario subrayó que su Administración lleva meses preparando la respuesta al cambio migratorio.

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Entre otras medidas, recordó, ha reforzado con 1.500 soldados la presencia militar ya existente en la frontera, que se eleva ahora a 4.000 efectivos para apoyar a la guardia fronteriza. “Hemos hecho todo lo que podemos con los recursos de que disponemos y los límites del sistema con el que contamos”, insistió.

“Somos un país de inmigrantes y un país de leyes. Hacemos todo lo posible para aplicar esas leyes de una forma segura, ordenada y humana. Trabajamos con los países de la región para abordar un reto regional con soluciones regionales y, repito, instamos al Congreso a aprobar una reforma migratoria tremendamente necesaria”, resumió el titular de Seguridad Nacional. (elpaìs)

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