LIMA, may (Xinhua) — El Ministerio Público de Perú informó este domingo que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir una investigación preliminar contra el mandatario del país, Pedro Castillo, por presuntamente estar vinculado a hechos de corrupción.

La Fiscalía explicó a través de Twitter que la acción contra el jefe de Estado forma parte de una ampliación de la pesquisa abierta a principios de mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, y contra seis congresistas.

La decisión de Sánchez surge en contexto de las acusaciones contra el presidente Castillo, señalado, entre otros, de supuestamente liderar una red criminal desde su Ejecutivo para obtener dinero de forma «ilícita» con acciones irregulares mediante el MTC.

Asimismo, es acusado de supuestamente haber ejercido presión sobre ascensos militares, nombramientos en las direcciones de salud, así como de haber incurrido en irregularidades para la adjudicación en la compra de biodiésel.

En ese sentido, Castillo es ahora investigado por la «presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones», precisó el Ministerio Público.

Aclaró que el presidente «tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa».

También se respetará el artículo 117 de la Constitución política», que establece que solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; (o) por disolver el Congreso (ilegalmente).

«El presidente de la República fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos», añadió el ministerio en la red social.

Las indagaciones contra el presidente Castillo y su entorno surgieron en contexto de las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien en febrero pasado decidió acogerse a la figura de colaboradora eficaz (delación premiada) de la Justicia peruana, en contexto de la investigación en su contra.

El pasado mes de abril, durante su declaración ante el Congreso, López ratificó que el mandatario peruano «maneja una organización (criminal)», que habría estado integrada también por dos de sus sobrinos y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quienes se encuentran prófugos de la Justicia.

Cuando saltaron a la palestra pública las acusaciones en su contra, Castillo aseguró que se trataba de un «complot», encabezado por sus adversarios y al que se habría unido la Fiscalía, con el propósito de desestabilizar a su Gobierno.

En ese entonces, el mandatario señaló a López de haber recibido «millones de soles» de parte de grupos de poder para acusarlo ante la Fiscalía, lo cual ha sido rechazado por la empresaria, quien actualmente cumple con una comparecencia con restricciones.

Actualmente, permanece activa una orden de prisión preventiva de 36 meses contra Bruno Pacheco y contra los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, quienes se encuentran en calidad de «no habidos».