Un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, norte de México, aplazó al próximo domingo su decisión sobre la imputación del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención gubernamental el pasado 27 de marzo.

Tras una segunda audiencia celebrada este martes, pues Garduño ya se presentó ante el juez el pasado viernes, se prevé que la definitiva sea el próximo domingo, cuando el magistrado deberá decidir si, como le acusa la Fiscalía General de la República (FGR), incumplió «sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo».

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El abogado defensor de Garduño, Rodolfo Pérez, aseguró que el proceso está marcado por una «insuficiencia probatoria», por lo que se mostró optimista de cara al desenlace de la vista del domingo.

Además, indicó que este tiempo le ha permitido recoger «elementos nuevos en la investigación».

Tras cerca de seis horas de audiencia, el juez federal a cargo del caso, Víctor Manilo Hernández, mantuvo su decisión de mantener en libertad al alto cargo del Gobierno mexicano y desestimó las peticiones de la FGR de destituirle de su cargo y prohibirle la salida del país.

«En ese momento que se solicitó la (prisión) preventiva, el juez la consideró desproporcional y excesiva (…) y consideró infundada la suspensión del cargo y (la prohibición de) salir del país», dijo Pérez a los medios de comunicación a la salida del juzgado.

Sí aceptó, como única medida cautelar, que Garduño deba presentarse cada 15 días en el juzgado.

El titular de Migración, quien se negó a declarar ante el juez, tampoco quiso hacerlo ante los medios de comunicación.

«Yo declaré ante el juez mi garantía constitucional de guardar silencio y ante ustedes igual, sigo en un proceso», dijo Garduño a medios.

En la audiencia de este martes también compareció el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, quien en el momento en que Garduño salió del juzgado seguía frente al juez.

Garduño podría ser imputado por el ejercicio ilícito del servicio público, pues la Fiscalía General de la República (FGR) le acusó de «incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes».

La Fiscalía también señaló que ha identificado un patrón en el actuar de los directivos del INM «en el que se han omitido las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos».

No se descarta que el titular de Migración acepte una conclusión anticipada del proceso, es decir, que pida llevar un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas para evitar ir a juicio.

El escrutinio internacional sobre el papel del Gobierno de México y el INM ha crecido tras el incendio del 27 de marzo, cuando murieron seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador consideró un «crimen de Estado». (swissinfo.ch)

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