Los legisladores demócratas estadounidenses instaron el miércoles al Representante de Comercio y al Departamento de Estado de Estados Unidos a eliminar las disposiciones de resolución de disputas entre inversores y Estados de los acuerdos comerciales actuales y futuros y a intervenir en nombre de Honduras contra la reclamación de casi 11.000 millones de dólares de una empresa estadounidense. contra el país.

En una carta al Secretario de Estado Antony Blinken y a la Representante de Comercio Katherine Tai vista por Reuters, 33 legisladores dijeron que los sistemas de resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS) en los acuerdos comerciales constituyen un «libro corporativo problemático» que viola la soberanía y los derechos democráticos de los países.

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La carta, encabezada por la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts y el representante demócrata Lloyd Doggett de Texas, citó como argumento central la «suma asombrosa» solicitada por la empresa de inversión estadounidense Honduras Prospera Inc en diciembre pasado.

La empresa administra una zona económica especial en gran parte en la isla turística de Roatán, con autonomía administrativa y fiscal, pero el año pasado el Congreso de Honduras derogó la ley que permitía tales zonas bajo la presidencia de izquierda Xiomara Castro.

Prospera afirma que la derogación viola los términos del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y América Central (CAFTA-DR) con los Estados Unidos y reclama una compensación de «al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses y hasta $ 10,775 mil millones» por el deterioro de su inversión.

Los demócratas que firmaron la carta dijeron que el caso podría requerir que el empobrecido Honduras pague miles de millones de dólares de los contribuyentes a una empresa que ha «utilizado como arma» las disposiciones de resolución de disputas.

«Le solicitamos que intervenga, a través de una declaración de apoyo, un amicus curiae y cualquier otro medio a su disposición, en apoyo de la defensa de Honduras en el caso Prospera ISDS y para garantizar que casos tan atroces ya no puedan interrumpir la formulación de políticas democráticas al trabajar para eliminar la responsabilidad del ISDS en acuerdos preexistentes en nuestro hemisferio», escribieron los legisladores a Tai y Blinken.

Las disposiciones sobre solución de controversias habían sido una forma de proteger a las empresas estadounidenses de cambios abruptos en las políticas gubernamentales de los socios comerciales al brindarles un recurso a través del arbitraje.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las protecciones legales se consideraron un subsidio de facto para las empresas estadounidenses que invierten en México, y gran parte del sistema ISDS se eliminó en el sucesor del TLCAN, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, lanzado en 2020 .

La carta citaba investigaciones de la Universidad de Georgetown que contabilizaban 27.800 millones de dólares en órdenes de arreglo de ISDS contra gobiernos latinoamericanos, siendo Argentina, Venezuela, Perú, México y Ecuador los más afectados.

«El sistema ISDS roto ha funcionado una y otra vez a favor de los intereses de las grandes empresas al tiempo que infringe los derechos y la soberanía de nuestros socios comerciales y su gente», escribieron los legisladores.