El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe la entrada al país y faculta la expulsión de extranjeros que expresen agravios contra el pueblo argentino, su cultura o su identidad.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, surge tras las denuncias del mandatario sobre una presunta «campaña antiargentina» que vincula a los gobiernos de Brasil, México y al Partido Demócrata estadounidense.

La normativa modifica la ley de migraciones sumando causales para cancelar residencias y rechazar ingresos bajo la premisa oficial de que «quien ataque a la República Argentina no es bienvenido».

Esta política restrictiva, comparada por la oposición con las directrices de Donald Trump, ha desatado fuertes críticas de juristas y políticos, quienes advierten sobre su carácter regresivo y señalan la contradicción de que el propio Milei suele insultar a gobiernos y ciudadanos de otras naciones.

El texto oficial argumenta que busca frenar los mensajes de odio para preservar la paz social, asegurando que no se aplicará al disenso político o académico, mientras los detractores cuestionan la constitucionalidad y el alcance real de la medida.