Las autoridades nicaragüenses están llevando a cabo una investigación sobre algunas entidades financieras que habrían otorgado préstamos hipotecarios sin cumplir con los estándares necesarios.

Estos préstamos fueron concedidos a personas naturales a las que posteriormente el Estado ha expropiado sus propiedades, informó el Gobierno de Managua.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que se han incautado propiedades relacionadas con el lavado de dinero, donde se estafaba a personas que intentaban vender sus propiedades de buena fe.

La Procuraduría General de la República ha justificado las expropiaciones a ONG, medios de comunicación, empresarios y particulares, argumentando delitos como contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de leyes.

Ortega confirmó que estas propiedades, valuadas en al menos 250 millones de dólares, están en manos del Estado nicaragüense.

Las propiedades expropiadas se destinarían al beneficio de los pobres, inversiones en programas sociales como vivienda, salud, educación y seguridad social, aunque los afectados argumentan que va en contra de la Constitución que prohíbe la confiscación de la propiedad privada.

El presidente también mencionó que los bancos que otorgaron préstamos hipotecarios antes de las expropiaciones están reclamando el dinero al Estado, amenazando con sanciones a aquellos que resulten culpables de no cumplir con las normas al entregar los préstamos.

Una investigación señala que estas expropiaciones podrían estar valoradas en al menos 250 millones de dólares, generando críticas y comparaciones con una «nueva piñata» de propiedades en el país.