La opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) pidió este jueves al Congreso de Estados Unidos sancionar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y al Ejército, al que señalan de «cómplice en violaciones de derechos humanos» del Gobierno.

En una declaración pública, los miembros de AUN, la mayoría en el exilio, aseguraron que han iniciado una «campaña de incidencia política» ante el Congreso de Estados Unidos «para que se impongan sanciones contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega y específicamente contra el Ejército» de Nicaragua.

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«El llamado urgente resalta la gravedad de la crisis humanitaria de Nicaragua: 74 presos políticos torturados, 28 universidades confiscadas y cientos de miles de nicaragüenses exiliados», indicaron.

AUN apunta al Ejército de Nicaragua como «cómplice en violaciones de derechos humanos y como un pilar que sustenta al régimen» de Ortega.

En específico, instan al Congreso de EE.UU. implementar medidas legislativas como la ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua, por sus siglas en inglés) y la ley Nica Act, «para frenar el financiamiento internacional al Gobierno de Ortega».

En el documento solicitan, además, documentar los abusos contra derechos humanos en Nicaragua y que exijan la liberación de los «presos políticos» nicaragüenses.

El lunes pasado, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, un exguerrillero sandinista, que dirige el Ejército desde 2010, cargó contra los medios de comunicación que critican a esa institución al calificarlos de «vividores», «mercenarios de la información», «golpistas», y les advirtió que con las Fuerzas Armadas y «con la patria no se juega».

Avilés, de 66 años, fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su apoyo significativo al «régimen» del presidente Ortega para «reprimir y desmantelar las instituciones democráticas» del país centroamericano.

Según el Departamento de Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés dio «apoyo» a los grupos paramilitares que agredieron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril de 2018.

Washington también ha sancionado al jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, y al director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), general de brigada Bayardo Pulido, a quienes considera «cómplices de socavar la democracia» nicaragüense.

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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. (infobae)