Una coalición de 25 estados de Estados Unidos interpuso una demanda formal contra la Administración de Donald Trump tras activar su más reciente paquete de gravámenes.

La acción legal cuenta con el respaldo directo de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, así como de los fiscales generales de demarcaciones clave como Nueva York, California, Arizona, Colorado, Nueva Jersey y Minesota.

El argumento central de la querella sostiene que las medidas impositivas son ilegales y generarán un impacto inflacionario inmediato en los consumidores y el sector corporativo nacional.

Origen de disputa

El conflicto arancelario se reactivó tras un revés judicial previo para la Casa Blanca. En febrero el Tribunal Supremo anuló la mayoría de los aranceles globales del Ejecutivo, pero al mes siguiente el Gobierno inició investigaciones a 59 naciones y a la Unión Europea bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio.

Amparado en dicha investigación por supuesto trabajo forzoso, el Gobierno impuso en julio tasas de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones de 60 economías, afectando al bloque de la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá y los países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Derechos laborales

Los estados demandantes afirman que el argumento del trabajo forzoso es solo un pretexto para mantener una agenda proteccionista.

En el documento judicial se lee textualmente que no existe ninguna relación lógica entre la fiscalización de las cadenas de suministro y los impuestos globales decretados por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó con dureza la estrategia de la Casa Blanca al señalar que el presidente carece de la facultad constitucional para dictar impuestos unilaterales y masivos, un límite que ya fue ratificado por el propio Tribunal Supremo.