Honduras podría volver a utilizar el estado de excepción como herramienta para enfrentar la inseguridad, pero bajo un esquema focalizado. El presidente Nasry Asfura confirmó este lunes que su Gobierno analiza aplicar la medida únicamente en determinados municipios o departamentos donde las autoridades consideren necesario reforzar los controles.

“Lo estamos analizando en qué lugares que sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento, sí lo estamos analizando”, declaró Asfura mientras asistía al velorio del fallecido director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera.

El anuncio todavía no constituye una decisión. El Gobierno no ha informado qué municipios están bajo análisis, cuándo podría comenzar la medida ni cuáles serían los criterios de seguridad utilizados para seleccionar los territorios.

DE UNA MEDIDA AMPLIA A UNA APLICACIÓN FOCALIZADA

La discusión tiene un antecedente inmediato. Durante la administración de Xiomara Castro, Honduras mantuvo un estado de excepción como parte de su estrategia contra la criminalidad.

Ahora Asfura abre la posibilidad de recuperar esa herramienta, aunque plantea una diferencia: no aplicarla de manera general, sino concentrarla en lugares donde el Gobierno determine que las condiciones de seguridad lo requieren.

Ese cambio resulta relevante porque permitiría dirigir los operativos hacia territorios específicos, pero también obliga al Gobierno a explicar con qué indicadores determinará cuáles zonas necesitan medidas extraordinarias.

Tasas de homicidios, extorsión, presencia de estructuras criminales, denuncias, control territorial y capacidad policial podrían formar parte de una evaluación de seguridad, pero Asfura no detalló cuáles de esos parámetros utilizará su administración.

¿QUÉ IMPLICA UN ESTADO DE EXCEPCIÓN?

La discusión va más allá de aumentar la presencia policial.

Un estado de excepción permite al Estado restringir temporalmente determinadas garantías constitucionales bajo las condiciones y procedimientos establecidos por la Constitución.

Por eso, antes de una eventual aplicación será importante conocer no solamente dónde operaría, sino qué garantías pretende restringir el Ejecutivo, durante cuánto tiempo, qué instituciones ejecutarían los operativos y cuáles serían los mecanismos de supervisión.

La medida también tendría que establecer objetivos que permitan posteriormente evaluar sus resultados.

EL RESULTADO DEL MODELO ANTERIOR SERÁ PARTE DEL DEBATE

La posibilidad de recuperar esta estrategia plantea otra pregunta: ¿qué resultados dejó el estado de excepción aplicado durante el Gobierno anterior y qué cambiaría ahora?

Para responderla no basta comparar cifras generales de criminalidad. Será necesario determinar qué ocurrió específicamente en las zonas intervenidas, cuántas operaciones y capturas se realizaron, qué impacto tuvo sobre delitos como extorsión y homicidio y qué observaciones hicieron las instituciones encargadas de proteger derechos humanos.

Esa evaluación permitiría establecer si una nueva aplicación corrige problemas del modelo anterior o simplemente reproduce la misma estrategia en menos territorios.

QUÉ FALTA POR DEFINIR

Asfura confirmó que el análisis está en marcha, pero las principales decisiones permanecen abiertas.

El Gobierno deberá definir los municipios o departamentos, los criterios para seleccionarlos, la duración, las garantías que eventualmente serían restringidas y los objetivos concretos de seguridad.

Esos elementos determinarán el alcance real de la propuesta.

Por ahora, el anuncio coloca nuevamente sobre la mesa una herramienta extraordinaria utilizada durante los últimos años, pero con una diferencia planteada por la nueva administración: pasar de una estrategia extendida a una intervención focalizada en determinados territorios.