El sistema educativo público hondureño registró una reducción de 87 mil estudiantes entre 2022 y 2026, mientras la Secretaría de Educación incrementó su personal en 4 mil empleados, según un análisis de planillas presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Ana Jansy Alvarado, directora de Educación de la organización, explicó que los resultados plantean interrogantes sobre la distribución del recurso humano y la eficiencia del gasto público.

“En este período de cinco años reporta una pérdida de 87 mil estudiantes, frente a un incremento al personal de 4 mil personas nuevas”, señaló.

De acuerdo con el estudio, de los empleados incorporados, 3 mil corresponden a docentes y mil a personal administrativo.

EL 85 % DEL PRESUPUESTO SE DESTINA A SALARIOS

Otro de los hallazgos es que durante 2025 la Secretaría de Educación destinó el 85 % de su presupuesto al pago de sueldos y salarios.

Alvarado consideró necesario determinar si la contratación y distribución del personal responden a las necesidades reales de los centros educativos.

La especialista sostuvo que la inversión debe traducirse en mejores condiciones de enseñanza y atención a los estudiantes.

DETECTAN DIFERENCIAS SALARIALES

El análisis también identificó contratos administrativos con remuneraciones mensuales de entre 30 mil y 60 mil lempiras, mientras otros trabajadores en puestos similares perciben entre 17 mil y 20 mil lempiras.

Alvarado aclaró que estas diferencias corresponden a cargos administrativos, como guardias de centros educativos y oficinistas, y no a plazas docentes.

Los hallazgos requieren una revisión de las condiciones contractuales y las funciones asignadas para determinar si existen irregularidades.

INFORME FUE REMITIDO AL TSC

La ASJ informó que trasladó el documento al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), institución que lo recibió para su análisis.

La organización espera que las autoridades competentes verifiquen las contrataciones, las diferencias salariales y la distribución del personal.

El informe plantea la necesidad de revisar cómo se utilizan los recursos educativos en un sistema que, según los datos presentados, tiene menos estudiantes, más empleados y una elevada proporción de su presupuesto comprometida en salarios.