El Congreso Nacional aprobó este jueves una reforma a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, creando un mecanismo especial, extraordinario y temporal para agilizar la asignación y el uso de fondos públicos destinados a saldar deudas económicas provenientes de procesos de conciliación con el Estado.

La modificación legal beneficia directamente a quienes trabajaron en los programas incluidos en dicho decreto y que actualmente sostienen una demanda judicial activa.

Estas personas podrán solicitar una conciliación formal para acordar un plan de pagos, siempre y cuando cumplan rigurosamente con las condiciones dispuestas por la ley.

Los interesados deberán comprobar documentalmente que prestaron los servicios reclamados, que no han percibido remuneración alguna por ese concepto y que su litigio legal sigue en curso, es decir, que aún no cuenta con una sentencia definitiva.

MÁXIMO 45 DÍAS

Tras la entrega de la documentación completa y la validación de los requisitos, las entidades públicas competentes tendrán un plazo límite de 45 días hábiles para formalizar el convenio de conciliación, sujeto siempre a la suficiencia presupuestaria del momento.

El documento final del acuerdo fijará con precisión la cantidad total reconocida, la modalidad y la frecuencia de los desembolsos, junto con el tiempo límite para liquidar la deuda, el cual no podrá exceder los 18 meses.

La reforma faculta a la Secretaría de Finanzas para ejecutar los movimientos y adecuaciones presupuestarias indispensables que permitan identificar y liberar los recursos económicos de uso exclusivo para este fin. Los pagos mensuales se realizarán bajo un estricto cronograma institucional.