La Secretaría del Congreso Nacional de Honduras ordenó el archivo definitivo de una iniciativa ciudadana que pretendía someter a juicio político a más de 80 parlamentarios.

El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó la decisión tras detallar que el mecanismo legal no alcanzó el respaldo mínimo de rúbricas exigido por la ley para habilitar su discusión parlamentaria.

La solicitud fue promovida originalmente por organizaciones civiles y ciudadanos de los departamentos de Colón y Atlántida.

Aunque los peticionarios aseguraron haber recolectado y presentado una base de más de 12 mil firmas de apoyo, el proceso de validación técnica realizado por las autoridades registrales descartó la gran mayoría de los respaldos presentados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Mecanismo de Participación Ciudadana, toda propuesta de este tipo debe ser remitida obligatoriamente al Registro Nacional de las Personas (RNP), para cotejar su autenticidad.

El informe oficial de dicha institución reveló un desfase masivo en el expediente, constatando que únicamente 1,710 firmas resultaron válidas y coincidentes, mientras que las restantes 11,281 firmas presentaron inconsistencias y no fueron reconocidas.

Al registrar un saldo oficial de solo 1,710 firmas válidas, la propuesta ciudadana quedó legalmente invalidada al no alcanzar las 3,000 firmas mínimas requeridas que exige la legislación hondureña para dar trámite a la petición.

Por esta razón, el diputado Zambrano enfatizó que la denuncia no es procedente y se ordenó su archivo inmediato.

El descontento de los promotores de la iniciativa buscaba castigar políticamente al presidente del Congreso, al diputado proyectista y a los congresistas que avalaron el dictamen y las reconsideraciones al acta sobre la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

Asimismo, cuestionaban las decisiones tomadas en torno a proyectos de energía, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas.

Incluso si la iniciativa civil hubiese alcanzado el mínimo de firmas auténticas, el camino legal para un juicio político en el país es sumamente complejo.

La ley determina que el texto primero debe ser admitido a debate por el pleno del Congreso Nacional, y posteriormente, su aprobación definitiva requiere el voto de una mayoría calificada de 86 de los 128 diputados que integran la cámara, un escenario que no llegará a discutirse al haber fracasado el proyecto en su primera fase de verificación.