La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, presentó una garantía de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de Honduras contra el Decreto Legislativo número 001-2023-CP/CN.

Esta medida se toma debido a que dicho decreto, que establece la elección interina del fiscal general de la República y del fiscal adjunto, se considera que infringe preceptos constitucionales tanto en su forma como en su contenido.

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El mensaje de la abogada resalta la preocupación por la situación actual en Honduras, donde parece prevalecer la fuerza sobre el Estado de Derecho.

Se menciona que el Congreso Nacional ha sumido al país en una maraña de ilegalidades y se hacen alusiones a los reiterados abusos de poder por parte del diputado Luis Redondo.

Esto ha llevado a la existencia de una duplicidad de cargos en la fiscalía general del ministerio público y a una nación que se encuentra en una encrucijada entre la demencia política de algunos pocos que buscan gobernar mediante decisiones arbitrarias.

«Hoy, haciendo uso de mi deber ciudadano y como directora del CNA, presentaré una garantía de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto Legislativo número 001-2023-CP/CN, contentivo de la elección interina del fiscal general de la República y del… pic.twitter.com/qVer6WPUnn

— CNA Honduras (@cnahonduras) November 20, 2023

La abogada denuncia que se está intentando poner el argumento político por encima del jurídico y advierte que, en el ocaso de la democracia, lo que se vislumbra es una mayor concentración de poder en instituciones como el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Esto genera preocupación, ya que el imperio de la ley parece estar apoyado en bases frágiles.

Se critica también la composición del Congreso Nacional, al que se describe como lleno de «zombis» que obedecen las órdenes de un líder y se utilizan como peones para asegurar su permanencia en el poder. Estos «zombis» se reunieron en una comisión permanente para nombrar a fiscales interinos, lo cual se considera ilegal por varias razones.

Entre ellas, destaca el hecho de que esta comisión se creó después de la fecha límite establecida por la ley para la elección del Fiscal General y Adjunto. Por lo tanto, no se encuentra dentro de su competencia abordar eventos pasados, sino que se crea para asuntos específicos y puntuales, sin poder tomar decisiones que corresponden al órgano legislativo.

Es importante mencionar que el pasado 01 de noviembre, la Comisión Permanente, nombrada por el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, designó de forma interina a Johel Zelaya como Fiscal General y a Mario Morazán como Fiscal Adjunto. Estos nombramientos también han generado polémica y se consideran ilegales.

La presentación de la garantía de inconstitucionalidad busca poner en evidencia las irregularidades en el proceso de elección de los fiscales interinos y proteger el Estado de Derecho en Honduras. Se espera que la Corte Suprema de Justicia analice detenidamente el caso y tome una decisión acorde con la Constitución del país.

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