Honduras apostará por mayor presencia militar y policial, tribunales especializados y nuevas herramientas penales contra estructuras criminales, sin restablecer por ahora el estado de excepción, según las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunciadas este sábado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

La estrategia surge después de que el Gobierno analizara durante los últimos días la posibilidad de aplicar nuevamente un estado de excepción focalizado en los territorios con mayor incidencia criminal. El presidente Nasry Asfura había confirmado públicamente que la medida estaba bajo análisis.

Tras la reunión del CNDS celebrada el 18 de septiembre en Casa Presidencial, se confirmó la decisión de declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales. Hasta ahora, sus nombres específicos no han sido divulgados públicamente.

MILITARES Y POLICÍAS A LAS CALLES

Zambrano explicó que las Fuerzas Armadas deberán identificar y capacitar nuevo personal para fortalecer la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La Policía Nacional hará lo mismo para ampliar unidades especiales como TIGRES, Cobras y GOET, con el propósito de desplegar personal capacitado en las zonas consideradas de mayor riesgo.

“Nosotros no queremos ver los militares en los puestos. Nosotros queremos ver las Fuerzas Armadas de Honduras con la Policía Militar y la Policía Nacional en las calles”, manifestó Zambrano.

El CNDS también autorizó gestionar recursos para adquirir armas, chalecos, vehículos, tecnología y drones, según la explicación del presidente del Legislativo.

RÉGIMEN ESPECIAL PARA REOS PELIGROSOS

Otro componente anunciado es una reforma para establecer controles especiales de comunicación para integrantes de estructuras declaradas terroristas y reos considerados de alta peligrosidad.

Zambrano indicó que la propuesta contempla además la posibilidad de recluir en módulos de máxima seguridad a integrantes de estas organizaciones sometidos a procesos judiciales, incluso antes de una sentencia.

Este punto requerirá particular atención a su formulación jurídica y aplicación práctica, especialmente por tratarse de personas procesadas que todavía no han recibido una condena.

CIRCUITOS JUDICIALES ESPECIALIZADOS

La estrategia contempla además la creación de circuitos especializados para procesar causas relacionadas con terrorismo, incluyendo tribunales, cortes de apelaciones y fiscalías dedicadas a estos expedientes.

Los jueces y fiscales asignados contarían con medidas especiales de seguridad debido al tipo de organizaciones que enfrentarían.

En paralelo, el CNDS aprobó el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC). Esta institución ya había sido creada mediante el Decreto 84-2026 como órgano adscrito al CNDS para coordinar instituciones policiales, militares, de investigación e inteligencia en el combate al crimen organizado.

Zambrano informó que el coronel Juan Alberto Ruiz Cerrato fue designado para dirigir o coordinar la agencia.

SIN ESTADO DE EXCEPCIÓN, POR AHORA

La decisión marca una diferencia frente a la propuesta que había planteado la Secretaría de Seguridad: aplicar un estado de excepción focalizado en zonas con mayor concentración de violencia.

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, había expresado previamente sus reservas y planteado como alternativa operaciones más específicas contra los grupos criminales.

El nuevo esquema, sin embargo, también estará sujeto a escrutinio por sus implicaciones legales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había pedido que cualquier respuesta contra la criminalidad respete las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Zambrano aseguró que el Congreso respaldará con legislación y presupuesto a los operadores de seguridad, pero anticipó que también solicitará informes para medir los resultados.

El siguiente punto clave será conocer cómo se formalizarán las decisiones del CNDS, cuáles son las tres estructuras declaradas terroristas y cómo funcionarán en la práctica los nuevos regímenes penitenciario y judicial.