Tegucigalpa, Honduras – 16 de diciembre de 2024 – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha emitido un comunicado hoy exhortando al cumplimiento del acuerdo sobre el salario mínimo establecido para 2025, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.

Este acuerdo, negociado a principios de 2024, es el resultado de un consenso tripartito entre representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, según informó la entidad empresarial.

El incremento salarial para 2025, detallado en el Acuerdo Ejecutivo Setrass 109-2024, varía según el tamaño de las empresas, basado en el número de empleados, y se ha diseñado para equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la capacidad económica de las empresas.

Cohep subrayó que los ajustes se basaron en parámetros técnicos, como el costo de vida y la productividad, para asegurar una distribución justa.

Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, hizo un llamado a las empresas formales a cumplir con lo estipulado: “Hacemos un llamado a las empresas formales a cumplir con lo establecido por las comisiones de salario mínimo o por el gobierno”, declaró.

Este acuerdo se publicó oficialmente el 21 de marzo de 2024, estableciendo que el salario mínimo promedio actual es de 13,156.53 lempiras, con la posibilidad de un ajuste adicional si la inflación interanual a finales de 2024 excede las previsiones.

Cohep destacó que estos acuerdos plurianuales proporcionan estabilidad y equilibrio en el mercado laboral hondureño. «Continuaremos apoyando estos ajustes basados en parámetros técnicos, buscando proteger a los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las empresas», afirmó la organización.

El acuerdo no solo busca contrarrestar la inflación sino también promover el desarrollo económico y la formalización del empleo en el país.

Los lineamientos específicos del acuerdo se ajustan a diferentes sectores económicos y tamaños de empresa, con el objetivo de fomentar un balance equitativo entre las necesidades de los trabajadores y las capacidades productivas de las organizaciones.

Con estos ajustes, tanto el gobierno como los sectores involucrados esperan mejorar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores hondureños mientras se mitigan los impactos económicos para las empresas.