Comisión Liquidadora denuncia presunta corrupción en 25 instituciones públicas


La Comisión Liquidadora del Gobierno presentó este miércoles 28 de octubre una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción cometidos en al menos 25 instituciones públicas durante la administración anterior, incluyendo posibles irregularidades en el manejo de fondos, contrataciones y recursos que, según sus integrantes, habrían sido destinados a actividades políticas.

Los cinco miembros de la comisión acudieron a la Fiscalía para entregar documentación relacionada con los hallazgos identificados durante la revisión de las instituciones sometidas al proceso de liquidación.

El presidente de la comisión, Leonel Núñez, aseguró que encontraron indicios de presunta malversación de fondos, pagos cuestionables y recursos públicos cuyo destino no ha podido establecerse.

“Encontramos bastante corrupción, malversación de dinero, se abusó contra el Estado, dinero que fue utilizado en campañas políticas, fondos que no saben cuál fue su destino, tampoco sabemos a quiénes fue entregado”, declaró Núñez.

¿QUÉ INSTITUCIONES ESTÁN BAJO SEÑALAMIENTO?

Según el funcionario, la denuncia comprende al menos 25 instituciones, entre ellas dependencias vinculadas con Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.

Núñez sostuvo que las irregularidades identificadas incluyen contrataciones de personal extranjero y pagos que considera desproporcionados.

Como ejemplo, afirmó que a un ciudadano venezolano se le habrían pagado más de 150 millones de lempiras, aunque no detalló el contrato, la institución involucrada ni el período en que se efectuaron los desembolsos.

El presidente de la comisión evitó establecer una cifra global del presunto perjuicio económico, al señalar que corresponde a las autoridades investigadoras y contraloras determinar los montos y las posibles responsabilidades.

TAMBIÉN PRESENTARON ACCIONES ANTE EL TSC

Además de acudir al Ministerio Público, la Comisión Liquidadora informó que presentó actuaciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el propósito de que se examinen posibles irregularidades administrativas y financieras.

Las denuncias buscan que ambas instituciones, dentro de sus respectivas competencias, determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley durante la gestión anterior.

Por su parte, la integrante de la comisión, Denisse Yamileth Rosales Rivera, apuntó que han entregado ante la Fiscalía General, un informe de hallazgos de los cuales se van a desprender diferentes líneas de investigación. “Traemos nuevas denuncias como el de Convivienda que hizo transferencias de fondos de los cuales estamos solicitando una investigación por más de 230 millones de lempiras, fondos transferidos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)”.

“Hemos encontrado en nuestras investigaciones diferentes tipos de irregularidades que nos demuestran una mala administración de los fondos de los recursos del Estado, lo que hemos puesto a disposición del Ministerio Público como máxima autoridad, así como lo hemos hecho ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), acotó Rosales.

Proyectos sociales y hospitales

De su lado, el comisionado Mario Celín Simón Perla, indicó que a él le toca liquidar la Red Solidaria, Proasol y Sedesol, instituciones donde en el gobierno anterior se manejaron la mayor parte de los recursos económicos destinados a proyectos sociales que no tuvieron, en su mayoría, la finalidad para que esos fondos llegaran a las personas de escasos recursos.

Pormenorizó que en su caso presentó cuatro hallazgos: uno es la controversial construcción del hospital neonatal de Santa Bárbara, el que legalmente se finalizó en el tiempo para su ejecución, el 10 de enero de 2026. “Hubo displicencia de los funcionarios de esa institución que no ejecutaron ningún tipo de acción para ampliar, el tiempo para la construcción de ese hospital que debió haber terminado en junio del año pasado, no lo terminaron, lo ampliaron dos veces y apenas lleva un 27 por ciento de ejecución”, refirió.

Añadió que el TSC hizo un informe y las autoridades en su momento como administradores de esos contratos no tomaron ningún tipo de acción para ampliarlo y finalizarlo, en consecuencia, posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un pronunciamiento donde decretó que ese hospital no era elegible para seguir para seguir ejecutándose a raíz de las malas decisiones administrativas al no haber ejecutado acciones.

Detalló que el año pasado se hizo una inversión aproximada de 147 millones de lempiras para compra de equipo médico y biomédico para ese hospital, lo que calificó como lamentable pues esa debió haber sido una de las etapas finales, pero ese equipo fua a parar a una bodega y comenzaron a correr las garantías y no se tiene certeza si los mismos están en funcionamiento adecuado.

Aparte de ese caso, están dos programas dirigidos a los migrantes retornados a quienes supuestamente se les otorgaban 100 dólares, dinero que incluso manejaban en efectivo, y comenzaron a sacar cheques.

“El 12 de enero de este año 2026, cuando ya estaban saliendo, empezaron a sacar cheques de dinero en efectivo para empleados y no hay ni siquiera liquidaciones informativas y cuando miramos esto con la base de datos del Instituto Nacional de Migración, nos damos cuenta con no cuadran los datos con los migrantes retornados que supuestamente fueron beneficiados con los que realmente retornaron”, señaló.

También figura el caso de Banasupro que manejo los denominados bonos alimenticios. Se entregaron aproximadamente 70 mil bonos alimenticios, pero el Migración tiene datos oficiales de que fueron solamente aproximadamente 40 mil migrantes retornados.

Asimismo, se pagaron aproximadamente 60 millones de lempiras a una ONG para que ejecutara, mediante compras directas, evadiendo la Ley de Contratación del Estado, pero se ha comprobado que las instalaciones físicas de esa ONG en La Ceiba, se trata de una caseta que está abandonada, o sea que es una ONG de maletín que únicamente servía para drenar fondos del Estado, precisó Simón quien cuantificó que el cierre de instituciones del Estado ha representado un ahorro que se va a poder canalizar a sectores como salud y educación, mientras que solo en esos casos que él maneja, se trata de un perjuicio de unos 230 millones de lempiras.

Compra irregular de bienes

Entretanto, el comisionado Carlos Humberto Hernández Erazo, se refirió a dos hallazgos significativos, uno se refiere a una compra de 31 mil bienes que se adquirieron, de los cuales, al momento de revisar las actas de entrega, existen unos 10 mil bienes que no poseen una evidencia física de que se hayan entregado realmente, lo que representa un perjuicio de más de 10 millones de lempiras que no están liquidados.

El otro hallazgo se trata de pagos anticipados de un 100 por ciento que se hicieron a empresas constructoras y supervisoras por un monto de 228 millones de lempiras, sin que existiera una ejecución física y que son pupitres que se entregaron a diferentes escuelas a nivel nacional, pero no se encuentran las actas de a quién se le entregaron y solo hay evidencia que se entregaron 18 mil de los 32 mil bienes.

Pago a asesores extranjeros

Por su parte, el miembro de la comisión Leonel Humberto Núñez Espinoza, reiteró que se trata de 10 líneas de investigación que han pedido que se hagan pues hay que combatir la corrupción de manera frontal, pero aplicar el peso de la ley no solamente al corrupto sino también al corruptor.

Indicó que en este momento no se puede cuantificar el monto del perjuicio económico de esos 10 hallazgos, pero se trata de millones de lempiras y como ejemplo citó el caso de la Secretaría de Planificación Estratégica que manejaba mil 694 millones de lempiras en 2025, en 2024 mil dos millones de lempiras, en 2023 manejaba 450 millones y en 2022 un total 74 millones de lempiras, lo que refleja cómo se fue incrementando ese presupuesto.

Núñez refirió que a él le tocó suprimir esa secretaría donde se pagaron enormes sumas de dinero a extranjeros y donde, solo a una empresa, se ha detectado que le pagaron más de 54 millones de lempiras en 18 meses, lo mismo que a asesores cubanos, venezolanos, argentinos, se compraron boletos aéreos en una cantidad enorme, renta de vehículos y alimentación.

Detalló que a través de Planificación Estratégica, se contrató a una empresa para que elaborara los perfiles de personas y funcionarios para determinar quién es de derecha o quién de es de izquierda. “Se crearon dos Web, una era un grupo guerrillero en redes sociales, así como la compra de boletos aéreos para personas cubanas para que vinieran a brindar asesoramiento, igualmente que otros asesores venezolanos a quienes también se les dio alimentación y hospedaje”, puntualizó.

¿QUÉ RESPONDIÓ EL MINISTERIO PÚBLICO?

La Fiscalía confirmó la recepción de la documentación y anunció que será sometida a un análisis técnico y jurídico por parte de los equipos fiscales competentes.

El objetivo será verificar los hechos denunciados, establecer si existen elementos que constituyan delitos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Por ahora, los señalamientos de la Comisión Liquidadora constituyen denuncias que deberán ser investigadas. No representan una determinación judicial de culpabilidad contra exfuncionarios o personas vinculadas con las instituciones mencionadas.


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