La Comisión Liquidadora del Gobierno presentó este miércoles 28 de octubre una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción cometidos en al menos 25 instituciones públicas durante la administración anterior, incluyendo posibles irregularidades en el manejo de fondos, contrataciones y recursos que, según sus integrantes, habrían sido destinados a actividades políticas.

Los cinco miembros de la comisión acudieron a la Fiscalía para entregar documentación relacionada con los hallazgos identificados durante la revisión de las instituciones sometidas al proceso de liquidación.

El presidente de la comisión, Leonel Núñez, aseguró que encontraron indicios de presunta malversación de fondos, pagos cuestionables y recursos públicos cuyo destino no ha podido establecerse.

“Encontramos bastante corrupción, malversación de dinero, se abusó contra el Estado, dinero que fue utilizado en campañas políticas, fondos que no saben cuál fue su destino, tampoco sabemos a quiénes fue entregado”, declaró Núñez.

¿QUÉ INSTITUCIONES ESTÁN BAJO SEÑALAMIENTO?

Según el funcionario, la denuncia comprende al menos 25 instituciones, entre ellas dependencias vinculadas con Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.

Núñez sostuvo que las irregularidades identificadas incluyen contrataciones de personal extranjero y pagos que considera desproporcionados.

Como ejemplo, afirmó que a un ciudadano venezolano se le habrían pagado más de 150 millones de lempiras, aunque no detalló el contrato, la institución involucrada ni el período en que se efectuaron los desembolsos.

El presidente de la comisión evitó establecer una cifra global del presunto perjuicio económico, al señalar que corresponde a las autoridades investigadoras y contraloras determinar los montos y las posibles responsabilidades.

TAMBIÉN PRESENTARON ACCIONES ANTE EL TSC

Además de acudir al Ministerio Público, la Comisión Liquidadora informó que presentó actuaciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el propósito de que se examinen posibles irregularidades administrativas y financieras.

Las denuncias buscan que ambas instituciones, dentro de sus respectivas competencias, determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley durante la gestión anterior.

¿QUÉ RESPONDIÓ EL MINISTERIO PÚBLICO?

La Fiscalía confirmó la recepción de la documentación y anunció que será sometida a un análisis técnico y jurídico por parte de los equipos fiscales competentes.

El objetivo será verificar los hechos denunciados, establecer si existen elementos que constituyan delitos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Por ahora, los señalamientos de la Comisión Liquidadora constituyen denuncias que deberán ser investigadas. No representan una determinación judicial de culpabilidad contra exfuncionarios o personas vinculadas con las instituciones mencionadas.