Congreso aprueba amnistía temporal para regularizar armas de fuego sin documentación


El Congreso Nacional aprobó por unanimidad un decreto que habilita una amnistía administrativa temporal para que los ciudadanos puedan registrar armas de fuego de uso permitido que actualmente poseen, aun cuando no cuenten con factura, documentos de compra o registro oficial.

La medida, de carácter excepcional, tendrá una vigencia de seis meses a partir de su publicación en La Gaceta y busca facilitar que miles de armas en manos de particulares ingresen al sistema legal de control.

Durante el período establecido, los propietarios podrán solicitar la inscripción de armas de uso comercial aunque carezcan de la documentación que normalmente acredita su adquisición. Sin embargo, la ausencia de factura no exime a los solicitantes de cumplir con los demás requisitos legales.

El beneficio no aplica para:

  • Armas de uso militar
  • Armas prohibidas por la ley
  • Armas sujetas a restricciones especiales

Estas quedan totalmente excluidas del proceso.

Requisitos y verificaciones

Para acceder a la regularización, los propietarios deberán:

  • Presentar una solicitud formal
  • Entregar antecedentes penales
  • Someter el arma a inspección física
  • Realizar un registro balístico

Además, las autoridades efectuarán revisiones en bases de datos nacionales e internacionales para confirmar que las armas no estén vinculadas a delitos, investigaciones o actividades ilícitas.

Solo aquellas que superen todas las verificaciones podrán ser registradas y obtener su licencia correspondiente.

Efectos y límites del decreto

El dictamen aclara que la amnistía tiene efectos exclusivamente administrativos: permite registrar el arma y emitir la licencia, pero no borra ni perdona delitos previos cometidos con ella.

Tampoco:

  • extingue responsabilidades penales
  • invalida investigaciones en curso
  • legaliza usos indebidos del arma antes de su registro

El objetivo, según el Congreso, es ordenar y transparentar la tenencia de armas permitidas, sin interferir en procesos judiciales ni abrir espacios de impunidad.


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