El Congreso Nacional aprobó este lunes 19 de octubre una moción para que el Gobierno identifique fuentes de financiamiento destinadas a construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Honduras.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad podrán gestionar recursos nacionales, emitir bonos o buscar préstamos internacionales.

La iniciativa responde a la posibilidad de que aumente la población penitenciaria con las reformas penales que se impulsan contra las maras y pandillas.

AÚN NO HAY TERRENO NI PRESUPUESTO

Zambrano indicó que el INP deberá seleccionar el terreno donde se construirá la nueva prisión, destinada principalmente a integrantes de organizaciones criminales clasificadas como terroristas.

Para este martes 20 de octubre está prevista una reunión entre autoridades de Seguridad, Defensa, Finanzas, el INP y otras instituciones para coordinar el proyecto.

La moción aprobada permite buscar financiamiento, pero no significa que los fondos estén asignados ni que la construcción haya comenzado.

BANCADAS RESPALDAN LA PROPUESTA

El diputado nacionalista Kilvett Bertrand defendió la construcción de una cárcel de máxima seguridad, tomando como referencia la experiencia penitenciaria de El Salvador.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, también respaldó la medida y pidió endurecer el régimen penitenciario para quienes cometan delitos graves.

Por su parte, Ronald Panchamé, jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), confirmó su apoyo, aunque cuestionó los resultados de la política de seguridad y pidió evitar privilegios entre los privados de libertad.

¿QUÉ FALTA PARA CONSTRUIRLA?

El Gobierno deberá definir la ubicación, el costo, la capacidad del establecimiento y las fuentes de financiamiento.

También tendrá que establecer las condiciones de funcionamiento y los mecanismos de supervisión del nuevo centro penal.

Por ahora, el Congreso dio luz verde a la búsqueda de recursos, pero la construcción de la cárcel dependerá de las decisiones financieras y técnicas que adopte el Poder Ejecutivo.