El Congreso Nacional aprobó este martes la petición del Poder Ejecutivo de declarar estado de emergencia fiscal y financiera en el sector público, a causa de la preocupante y raquítica salud financiera en la que la presidenta Xiomara Castro recibió las arcas del Estado Hondureño. 

Debido a la urgencia y el actual estado financiero del país, la declaratoria fue discutida con dispensa de dos debates. 

Este estado de emergencia significa que se buscará los mecanismos para restablecer el equilibrio y reactivar el crecimiento económico sostenible, autorizando a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para que adopte las medidas extraordinarias requeridas en el ámbito fiscal y financiero, entre ellas la reasignación del gasto público y gestión de financiamiento de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes y Reglamentos vigentes.

Las medidas es un resultado de un análisis realizado por la Secretaría de Finanzas, en la que, la sub secretaria, Elizabeth Rivera, asegura que “para este trimestre ya no tenemos los recursos suficientes para pagar todos los gastos establecidos en el presupuesto”.

Es por ese motivo, que el decreto d emergencia establece que el Poder Ejecutivo podrá acceder a recursos de hasta 2 mil millones de lempiras más los recursos aprobados en el artículo 1 del decreto 107-2021. 

Tenemos unos pagos de deuda para el 14 de marzo -agregó Rivera- se vencen unos bonos por alrededor de 9 mil 300 millones de lempiras y al día siguiente un bono soberano de 4 mil 64 millones de lempiras. 

“Esta declaratoria es importante porque tenemos esa insuficiente para pagar las obligaciones. El objetivo es permitirnos obtener préstamos con el Banco Central (BCH) y pagar todas las deudas y restablecer el equilibrio fiscal, explicó la subsecretaria Rivera.

Según el dictamen, uno de los grandes problemas que orillan a tomar esta determinación es el Presupuesto General 2022 el cual, no contempla la deuda histórica de la ENEE por L62,000.0 millones; no incluye ni refleja ningún compromiso derivado de los 70 Fideicomisos que se han suscrito, y de los cuales apenas 13 se encuentran registrados en la SEFIN, que ha efectuado transferencias por alrededor de L37,536.0 millones; tampoco contempla ninguna referencia a las 11 Asociaciones público-privadas (U$1,694.0 millones); a la deuda de las Municipalidades, HONDUTEL y SANAA.