*** Medios de comunicación y periodistas no tienen acción directa ni indirecta, señala la resolución

*** Estos medios de comunicación y personas naturales no tienen un dominio de ejecución sobre esa actividad

La Corte de Apelaciones del Poder Judicial, determinó en una extensa resolución en el caso denominado como “Hermes”, que los periodistas señalados de forma maliciosa por la Uferco y su jefe Luis Santos, “no deben ser objeto de reproche penal”.

“Estos medios de comunicación y personas naturales no tienen un dominio de ejecución sobre esa actividad, por lo tanto, dichos medios y personas naturales no deben ser objeto de reproche penal, frente al contubernio entre servidores estatales y la empresa AID”, señala en parte de la extensa resolución del 20 de abril de 2022.

A la vez, ratificaron la libertad condicional para los 11 imputados, los que deberán seguir el proceso legal y defenderse en libertad, según divulgó este día diario LA TRIBUNA en una nota exclusiva.

La resolución fue firmada por los magistrados Rolando Argueta, presidente de la CSJ; Edgardo Cáceres Castellanos y Alma Guzmán, bajo el expediente VP 27-2021 con fecha del 22 de abril del 2022 y notificada a las partes la semana pasada, detalla el rotativo.

Añade la publicación del influyente diario capitalino que los tres togados actuaron como jueces de la Corte de Apelaciones natural nombrada por el pleno de la CSJ para conocer una apelación de los imputados que pedían la exoneración total de las medidas cautelares que les impuso el 17 de junio del 2021 el también magistrado del máximo tribunal de justicia, Wilfredo Méndez, nombrado como juez natural cuando el caso fue judicializado y divulgado en sus redes de forma maliciosa por el director de la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javer Santos, con el sobrenombre de “Hermes”.

Por su parte, los tres magistrados de la CSJ plasman claramente en su resolución que el caso “Hermes” se contrae a la responsabilidad de los exfuncionarios de Casa Presidencial en la contratación sin licitación de los servicios de la empresa AID y un posible contubernio con los socios de esta compañía en el manejo irregular de los fondos públicos.

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                       CASO DE LOS PERIODISTAS

En el caso de los periodistas señalados de forma maliciosa por la Uferco y su jefe Luis Santos, quien ventiló públicamente los nombres de los comunicadores para que se les haga escarnio público, señala que “para efectos de impuntación penal, dice el tribunal de alzada, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de actos preparatorios o de conspiración relacionados a defraudar al Estado bajo la ficción jurídica de una contratación directa para publicidad, realizaron las personas naturales o jurídicas que contrató AID para proporcionar dicho servicio?.

 ¿Tenían conocimiento previo para saber qué tipo de contratacion entre AID y el Estado? ¿Qué fuentes de prueba pudiesen hacer inferir que las personas que contrató AID tenían pleno conocimiento del supuesto concierto previo entre los funcionarios públicos acusados con los representantes de la empresa AID y los imputados?”

“Frente a estas interrogantes, continúan los magistrados juzgadores, debemos señalar que los medios de comunicación terciarios u otras personas naturales que se dedican a la difusión de la publicidad no tienen dominio de la acción sobre el concierto previo que fue realizado por la imputada con los funcionarios, ni tienen una relación directa ni indirecta sobre el tipo de contratación que se elaboró por los funcionarios públicos aludidos”.

El órgano revisor advierte “que estos medios de comunicación y personas naturales no tienen un dominio de ejecución sobre esa actividad, por lo tanto, dichos medios y personas naturales no deben ser objeto de reproche penal, frente al contubernio entre servidores estatales y la empresa AID”.

         MALDAD CONTRA COMUNICADORES

Al haber expuesto públicamente a los periodistas por parte del propio jefe de la Uferco,  Luis Santos, esto ha desatado una campaña de odio contra ellos que ha derivado en un linchamiento público en redes sociales y medios afines, en una campaña orquestada para debilitar la libertad de expresión y hacer ver a los periodistas como delincuentes, sin saber que sólo prestaron sus servicios profesionales y recibieron pagos por publicidad como ha ocurrido en otros gobiernos, empresas privadas o públicas, en una transacción comercial natural.

Aprovechando esa situación, en páginas anónimas, bots de redes sociales dirigidas por altos funcionarios, según denuncia de los mismos periodistas, han tratado de denigrar la profesión y que la sociedad ve a los periodistas como corruptos y malvados.

Esa campaña ha llevado a la muerte a tres periodistas y exhibición de sus familiares, incluyendo a sus hijos al hacerlos ver como parte de un entramado de corrupción y de haber participado en un hecho criminal.

En tal sentido, el Colegio de Periodista denunció ese accionar y conformó un equipo de reconocidos abogados para defender a los comunicadores y exponer nacional e internacionalmente la campaña difamatoria que ha manchado el nombre de muchos comunicadores y sus familias, con daños irreversibles.

Otros sectores como defensores de derechos humanos, diputados, líderes de la sociedad civil y dirigentes políticos han alzado su voz en contra de esa artimaña y la supuesta intención de la Uferco de querer arrimar a los tribunales a los periodistas que con esta resolución de la CSJ se espera que cesen en sus intenciones. 

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