Elegido el 15 de octubre pasado frente a la candidata correísta Luisa González, el empresario Daniel Noboa es investido oficialmente este 23 de noviembre como presidente de la República de Ecuador.

Hijo de un multimillonario y cinco veces candidato presidencial, Noboa fue elegido con una plataforma neoliberal en unas elecciones marcadas por la violencia que asola el país desde hace varios años.

Pocos días antes de su investidura, Daniel Noboa negoció un acuerdo con el derechista Partido Social Cristiano (PSC) y con el partido socialista de su antiguo adversario, el Movimiento Revolución Ciudadana (RC) de Rafael Correa, para formar una alianza en la Asamblea que da al nuevo presidente una cómoda mayoría.

Un socialcristiano será el presidente del legislativo, un correísta el vicepresidente y un diputado del partido de Noboa, la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), el segundo vicepresidente.

“Romper esa lógica correísmo/anticorreísmo”

Para Franklyn Ramírez, profesor de Sociología Política en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), en esta alianza tripartita todos ganan: “El Gobierno de Noboa tiene un partido pequeño, ADN, casi inexistente, que tiene una bancada muy, muy chiquita en la Asamblea.

Entonces, primero Noboa gana un bloque de mayoría que le da gobernabilidad y le aseguraría aprobar dos leyes urgentes que presentará en diciembre, una reforma tributaria y una reforma energética. Y además pacta con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que son partidos con experiencia política, más creíbles, que no van a entrar en los juegos de extorsivo usuales con los que entran las fuerzas pequeñas”, explica.

“El Partido Social Cristiano, que estaba de capa caída con esta alianza, recupera una influencia en el Gobierno. Parece que va a tener directamente representantes en el poder ejecutivo, ganó ya la presidencia de la Asamblea… Y la Revolución Ciudadana, me parece, y esto es lo principal, que sale de la marginalidad política que ha tenido estos años, sale del destrato que ha recibido del resto de los partidos políticos”.

Entonces, lo que hace Noboa, y este es el gesto más importante, es romper esa lógica correísmo/anticorreísmo que ha dominado la lucha institucional.

Pacta con la principal fuerza política, aunque ese pacto no está del todo claro cuál es su alcance, pero por primera vez, sin disputas, sacando la polarización, aislando a estos sectores que representan la política del odio, la intransigencia, la persecución, digamos que de algún modo rompe con esta tendencia que vemos en el resto de América Latina, en que la centroderecha o la derecha moderada le hace el juego a los sectores más extremos y radicales de esa derecha”, subraya Ramírez.

¿Una alianza frágil?

Algunos analistas estiman que la alianza legislativa de Noboa con la otra derecha y con un partido que, en principio, está en las antípodas programáticas de su gobierno, pende de un hilo. Para Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cdes), “es una alianza que tiene patas cortas.

Va a permitir estructurar la Asamblea, negociar las comisiones, pero se va a romper en el momento en que se empiece a discutir cómo se va a fiscalizar los decretos que Noboa tiene preparado para privatizar el sector petrolero, y fiscalizar las obras de hidroeléctricas y concesiones mineras.

Hasta ahí va a llegar la alianza y Noboa va a tener que buscar otro tipo de alianzas para pasar procesos de fiscalización y poder repartir el pastel de que va a dejar las privatizaciones”.

La izquierda liderada por Luisa González cuenta con el grupo más numeroso de la Asamblea, 51 diputados, y presidirá una de las comisiones más importantes: la de Fiscalización y Control Político, con potestad para iniciar procedimientos de destitución contra representantes electos.

Ciertas medidas anunciadas por el Gobierno ya han provocado duras reacciones de la izquierda, como el plan de fusión de los ministerios de Gobernación e Interior. Un «gravísimo error», según el ex presidente Rafael Correa.

“Los dos ministerios funcionaban separados y esto dio buenos resultados porque permitía a un segmento de los funcionarios especializarse precisamente en seguridad.

Este es un pésimo signo, el de la fusión, porque es un indicador de que habrá continuidad del modelo de austeridad que empezó a implementarlo Lenín Moreno.

La fusión viene también con un recorte de presupuesto para gestionarlos, tanto los temas de seguridad como los de gestión política, que deberían ser cuestiones diferentes”, recalca Iturralde.

Seguridad y economía

El presidente Correa dice que la seguridad debe ser gestionada por una autoridad civil. “Así es, ese es el otro cambio. Además de la fusión, se plantea que el Ministerio esté llevado por un policía o por un militar. Es problemático.

Primero, porque la autoridad, tanto sobre la policía como sobre la autoridad militar, debería estar siempre subordinada a un civil, constitucionalmente.

Pero además, el problema de seguridad en el país ya implica a la propia policía, es decir, la permea. Tener una autoridad, por ejemplo de la policía, podría generar mayores incentivos para que se siga corrompiendo la institución.

Como la policía tiene una cierta autonomía respecto al Gobierno, por las diferentes reformas que han existido en el país desde el año 2017 en las que se le ha ido dando autonomía a la policía, se han ido consolidando estructuras que funcionan paralelamente a la autoridad del Gobierno.

Y poner en el Ministerio a un policía o un militar fortalecería esas estructuras paralelas que están permeadas ahora por la delincuencia”, analiza el director del Cdes.

Otro problema lastra a Ecuador: se trata de esa economía que presenta un déficit fiscal de más de cinco mil millones de dólares. En su visita a Estados Unidos a principios de noviembre, como presidente electo, Noboa se reunió con representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para solicitar préstamos. Una posición contraria a la presidencia correísta, que logró una mejora de la situación social y económica con políticas que le dieron la espalda al FMI.

“Es muy grave, porque Ecuador acaba de terminar un programa con el Fondo Monetario Internacional, que implicó un sacrificio social y productivo enorme. Y sin embargo, el problema está intacto. El déficit sigue siendo igual de escandaloso o peor, las reservas internacionales se siguen consumiendo como antes y necesitamos un nuevo crédito con el FMI.

Es decir, aunque se demostró que el programa con el Fondo fue un fracaso porque estamos en la misma situación, se vuelve a pedir un crédito que implican nuevas condiciones, con nuevos sacrificios sociales y nuevos sacrificios productivos.

Esta solicitud al FMI, además, el presidente Noboa la ha hecho de manera muy explícita, ¿con qué objetivos? Prácticamente le está pidiendo al FMI que financie su campaña porque requiere de esos recursos, dijo, para poder reelegirse y evitar que el correísmo vuelva al gobierno”, denuncia Pablo Iturralde.

El joven multimillonario estará en la presidencia hasta mayo de 2025 para completar el mandato dejado vacante por su predecesor Guillermo Lasso.

Lasso optó por disolver la Asamblea Nacional para poner fin a una crisis de gobernabilidad tras su implicación en escándalos de corrupción, lo que llevó a la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. (rfi)

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