El titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, advirtió que las demandas interpuestas contra el Estado de Honduras por despidos de empleados públicos podrían superar los 25 mil millones de lempiras, considerando indemnizaciones, pagos retroactivos y embargos derivados de fallos judiciales.

El funcionario explicó que muchos de estos casos se originan en despidos directos realizados sin justa causa, lo que ha llevado a los afectados a recurrir a instancias judiciales. En los procesos donde ya existe sentencia firme, el Estado ha tenido que ejecutar reintegros laborales, pagar prestaciones y cubrir salarios dejados de percibir.

Puerto señaló que esta situación ha provocado una significativa mora judicial, con audiencias programadas incluso hasta los años 2031 y 2032, lo que evidencia que la resolución de estos casos podría tardar hasta una década.

Según datos oficiales, entre 2019 y 2024 los tribunales han ordenado pagos que superan los 12 mil millones de lempiras, mientras que solo entre 2022 y 2023 se desembolsaron más de 4,400 millones por concepto de indemnizaciones relacionadas con despidos injustificados.

El titular de Trabajo alertó que, de mantenerse esta tendencia, el impacto sobre las finanzas públicas será considerable, generando presión sobre el presupuesto nacional y limitando la capacidad del Estado para ejecutar programas y proyectos en beneficio de la población.