Denuncian en el MP a la junta directiva del Congreso por obstrucción electoral


Tegucigalpa, Honduras — En un nuevo episodio de tensión política, el Movimiento Unidos por la Democracia presentó este viernes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la junta directiva del Congreso Nacional, el expresidente Manuel Zelaya Rosales y el dirigente de colectivos del Partido Libre, Melvin Ceballos.

La acción legal, encabezada por la abogada Nilia Ramos, acusa al presidente del Congreso, Luis Redondo, y a su equipo directivo de obstaculizar el desarrollo del cronograma electoral, además de incurrir en presuntos delitos como incumplimiento de deberes, traición a la patria y terrorismo.

Motivos de la denuncia

  • Según Ramos, el Congreso ha ignorado la renuncia de una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo el nombramiento de su sustituto.
  • También se señala la exclusión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de la agenda legislativa, lo que pone en riesgo la transparencia del proceso electoral previsto para noviembre.

Acusaciones contra Zelaya y Ceballos

La denuncia también alcanza al exmandatario Manuel Zelaya y a Melvin Ceballos, a quienes se les acusa de incitar a los colectivos oficialistas a interferir con el sistema TREP. Ramos afirmó que Zelaya habría declarado tener “30,000 personas listas para impedir el desarrollo del cronograma electoral”.

Tanto Ramos como el doctor Ronnie Portillo, otro miembro del movimiento, cuestionaron la actuación del Ministerio Público, señalando que ha respondido con celeridad a denuncias del oficialismo mientras ignora las de la oposición. “Estamos aquí para recordarle al MP su deber constitucional de actuar de oficio ante cualquier indicio de delito”, expresó Portillo.

Durante la presentación de la denuncia, un contingente policial fue desplegado en las afueras del Ministerio Público para garantizar la seguridad de los denunciantes.

El Movimiento Unidos por la Democracia ha reiterado que no se dejará intimidar y que continuará exigiendo transparencia y legalidad en el proceso electoral. La ciudadanía, por su parte, observa con creciente preocupación el rumbo institucional del país.


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