Tegucigalpa, Honduras-Luego de la derogación de leyes perjudiciales para la población hondureña, que promovían las malas prácticas en el pasado, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) están en el mira del Congreso del Pueblo para su derogación.

Al respecto, Luis Redondo, presidente del poder Legislativo, manifestó que trabajan para derogar esta normativa perjudicial de la Carta Magna.

Añadió que: “Las (ZEDE) son inconstitucionales, sin embargo, con la Corte actual no se puede ya que engavetaron los recursos que presenté”.

Asimismo a criterio del diputado de Libre, Jari Dixon, el paso a seguir es derogarlas desde el Congreso Nacional, pero que también se necesitan los votos de todas las bancadas.

“Le tomaré la palabra a los congresistas nacionalistas que han dicho que apoyarán una derogatoria de las (ZEDE) y así se termine esto”, agregó Dixon.

Reacciones

Por su parte, Fernando García, comisionado presidencial para la derogación de las (ZEDE), confirmó que se está avanzando en una normativa complementaria. Esto con la finalidad de eliminar cualquier figura política sobre las (ZEDE) de la legislatura hondureña.

Asimismo, aseguró que se están coordinando esfuerzos entre el Gobierno y el Legislativo para que con voluntad política estas decisiones se concreten en favor del pueblo.

¿Qué son las ZEDES?

En Congreso Nacional en 2013, aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras. Por lo que las ZEDE son espacios territoriales altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera.

Según lo establecido en la Ley que las regula, las ZEDE tienen personalidad jurídica, están autorizadas para establecer su propia política y normativa asimismo gozan de autonomía funcional y administrativa.

Contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva dentro de ellas misma. La ley detalla que el régimen fiscal especial de las ZEDE las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos.

Además de contar con un régimen fiscal independiente y deben orientarse por una política de bajos impuestos.

La creación de esos espacios autónomos ha sido rechazados por los grandes empresarios, las universidades, los gremios de abogados e ingenieros, los fiscales y las iglesias, por considerarlas inconstitucionales.