El Congreso Nacional aprobó la derogación y reformas de los decretos 57-2020 y 93-2021, que contiene el pacto de impunidad del 2021.

El decreto 57-2020 interpreta varios artículos del Código Penal para que el Ministerio Público pueda secuestrar información sin permiso de un juez para dar curso a casos de corrupción.

Se espera con también se pueda derogar la amnistía política que dejó libre el año pasado a varios exfuncionarios ligados al actual gobierno y que fueron presos por avctos de corrupción.

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El decreto 57-2020 interpretaba los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal en lo relativo a los requisitos previos para solicitar el comiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de los fiscales en temas de corrupción, lo que dejaba atado de manos al Ministerio Público para perseguir estos delitos.

Entretanto, en el derogado decreto 93-2021 plasmaba que para que se configure el lavado de dinero debe existir un delito precedente como tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, entre otros, caso contrario se extingue la acción penal.