Tegucigalpa, 2 de mayo de 2026. El gobierno de Honduras decidió poner fin a la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y designó al general en condición de retiro Walter Lacayo como nuevo responsable de la administración de las cárceles del país. La decisión marca un nuevo giro en la estrategia estatal para recuperar el control del sistema penitenciario.

Fuentes oficiales confirmaron que Lacayo ya se presentó en las instalaciones del INP y sostuvo sus primeras reuniones con el personal técnico y administrativo, iniciando así el proceso de transición.

Cambio en medio de denuncias por extorsión desde las cárceles

La sustitución de la Junta Interventora ocurre en un contexto de creciente preocupación por las redes de extorsión que operan desde los centros penales, un fenómeno que ha persistido pese a los esfuerzos de intervención militar y policial implementados en los últimos meses.

El gobierno busca redefinir la estrategia penitenciaria ante cuestionamientos sobre la efectividad de la administración anterior.

Fin de la etapa SIPENA

La Junta Interventora que ahora queda disuelta fue instalada en enero bajo la conducción de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA), encabezada por el coronel Othoniel Gross Castillo, junto a los comisionados adjuntos Erwin Roberto Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas.

Ese equipo asumió el control del INP con el objetivo de depurar estructuras internas y frenar actividades criminales, pero las denuncias recientes aceleraron la decisión de replantear el modelo de intervención.

Expectativa por el nuevo enfoque penitenciario

Casa de Gobierno anunciará en los próximos días los lineamientos que guiarán la gestión de Lacayo, quien deberá enfrentar desafíos como:

• La persistencia de estructuras criminales dentro de los penales
• La modernización de los mecanismos de control
• La coordinación con fuerzas de seguridad y operadores de justicia
• La implementación de medidas para reducir la extorsión y la violencia

El nombramiento del general retirado abre una nueva etapa en la administración penitenciaria, en un momento en que el país exige resultados concretos frente a la criminalidad que opera desde las cárceles.