Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras inició este miércoles el tercer debate de la Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH), pero la sesión culminó sin lograr la aprobación de las reformas constitucionales fundamentales para la plena operatividad del esperado mecanismo internacional.

La jornada estuvo marcada por intensas participaciones, acusaciones de «show político» y una evidente polarización entre las bancadas.

Reformas Constitucionales Clave No Alcanzan Votos Necesarios

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, introdujo en el primer capítulo del proyecto de ley dos propuestas de reformas constitucionales cruciales:

1. Modificar el artículo 232 de la Constitución para establecer que el Ministerio Público ya no sea el único ente para ejercer la acción penal pública, abriendo la puerta a la CICIH como querellante autónomo.
2. Derogar el fuero o inmunidad legislativa, un punto central para la independencia de la CICIH en la investigación de delitos de alto nivel.

Ambas propuestas requerían una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación, pero no lo lograron. Un total de 48 congresistas no votaron a favor de estas reformas de rango constitucional, principalmente debido al rechazo unánime de la bancada del Partido Nacional.

Pese al resultado, la bancada del Partido Libre votó a favor en su totalidad, incluyendo al vicepresidente Hugo Noé Pino.

La mayoría de los diputados del Partido Liberal también dieron su voto favorable, con la excepción de Iroshka Elvir de Nasralla, Maribel Espinoza, Suyapa Figueroa y Mauricio Villeda. Del Partido Salvador de Honduras (PSH), solo Tomás Ramírez y Osman Chávez votaron a favor. También se registraron votos positivos de congresistas como Jorge Zelaya (Partido Nacional), Rolando Barahona, Carlos Raudales (DC) y Jorge Gaido (PAC).

«Circo Político» y Críticas Cruzadas

La iniciativa para la Ley de la CICIH, presentada hace un año por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya (hija de la pareja presidencial), buscaba que la CICIH fuera un querellante autónomo con facultades de acusador privado por un período de cinco años.

Sin embargo, también incluía que el Fiscal General fuera el responsable de acreditar la personalidad jurídica a cada miembro de la CICIH.

La sesión, que concitó prolongadas discusiones, llevó al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, a proponer la inclusión de la derogación del decreto 04-2022, conocido como la «amnistía política», que benefició a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) en casos de corrupción. Esta propuesta también requería 86 votos y fue rechazada.

Tras la suspensión de la sesión, Luis Redondo criticó duramente a los diputados opositores, advirtiéndoles que «serán castigados» en las urnas.

Por su parte, Zambrano calificó la sesión como un «circo político», acusando al gobierno de falta de voluntad política real para la llegada de la CICIH y de engañar a la población. Reiteró que en el actual gobierno no vendrá la CICIH, señalando que la ONU no está pidiendo una ley especial con las condiciones presentadas.

Desde la bancada oficialista, el diputado de Libre, Ramón Barrios, comentó que solo se aprobó el tercer capítulo de la iniciativa (que requería 66 votos) porque los dos anteriores (donde estaban las reformas constitucionales) necesitaban 86.

Barrios lamentó que el fuero legislativo sea un «candado» y afirmó que «se aprobó el cuerpo restante de toda la ley que deja débil la instalación de la CICIH al no haberse aprobado la categoría de rango constitucional». En ese sentido, aseveró que «no tiene sentido que se apruebe la ley especial si la CICIH no tendrá dientes».

La fallida aprobación de estas reformas clave deja en el aire la llegada de la CICIH con las facultades plenas que se esperaban, y alimenta el debate político sobre la verdadera voluntad de las fuerzas políticas para combatir la corrupción en Honduras.