La reforma al artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que permite entregar a los organismos de seguridad y justicia dinero y bienes incautados a criminales, ya entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

La enmienda, aprobada por el Poder Legislativo el 12 de octubre pasado, establece que se podrá distribuir anticipadamente hasta el 100 % del dinero y bienes incautados a criminales, antes de que haya sentencia definitiva, para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.

El decreto 227-2026 que contiene la reforma fue publicado en la edición número 37.283 de La Gaceta de fecha 31 de octubre de 2026.

La reforma establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) tiene la facultad de autorizar la distribución mediante un acuerdo debidamente motivado y que los recursos deberán estar legalmente incautados y bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Distribución de recursos y exclusión de Koriun

La distribución anticipada establecida en el decreto indica que la Secretaría de Defensa tendrá un 25 %, la Secretaría de Seguridad otro 25 %, el Ministerio Público un 15 %, el Poder Judicial un 15 %, la Oabi el 10 %, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII) un 5 % y el 5 % restante la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).

El decreto asimismo establece que el Estado queda obligado a devolver íntegramente todo lo usado si un juez lo ordena, y no puede usar dinero que afecte derechos de víctimas o terceros de buena fe.

La reforma deja claro que se exceptúa el dinero incautado en el caso de la empresa financiera Koriun Inversiones, acusada de estafar a miles de hondureños, el cual no podrá ser utilizado por los operadores de justicia.

Además, da un plazo de 60 días para que el CNDS apruebe un reglamento para la aplicación de los procedimientos para la aplicación de la reforma, el que deberá elaborar en conjunto con las autoridades de la Oabi y la Secretaría de Finanzas.