Tegucigalpa, Honduras – Domingo, 29 de junio de 2025. Tras la destitución del ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y en medio de un creciente escándalo conocido como el «cheque video», diversas voces en Honduras exigen al Ministerio Público una investigación exhaustiva sobre el presunto desvío de fondos públicos para el financiamiento de la campaña del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre). La trama involucra también a la diputada y vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, quien aparece en el video junto a Cardona discutiendo sobre millonarios montos para actividades políticas en Copán.

La renuncia de Cardona, ocurrida el viernes por la noche bajo una fuerte presión ciudadana, ha sido calificada por expertos y políticos como insuficiente. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos enfatizó que la salida del exministro no debe significar impunidad. “De qué sirve que haya renunciado si nadie le va a hacer nada y quedará impune ese despilfarro de dinero”, cuestionó, urgiendo al Ministerio Público a continuar las investigaciones para presentar un requerimiento fiscal.

La Red de Fondos y las Exigencias de Transparencia

El escándalo se desató con la filtración de un video que puso en evidencia la conversación entre Cardona y Cuéllar, donde se hablaba de la supuesta asignación de fondos de Sedesol a cuadros políticos de Libre. Aunque la cabeza de Cardona rodó, muchos anticipan que la diputada Cuéllar, dada su cercanía con la familia presidencial, no renunciará a su cargo, a diferencia de otros casos resonantes.

El diputado Ramón Barrios se sumó a las voces que piden investigación, señalando una posible disparidad en el acceso a fondos para ayudas sociales entre congresistas. “No todos los diputados tenemos acceso a las mismas cantidades de esos fondos”, afirmó Barrios, confirmando que algunos legisladores reciben «enormes cantidades» en comparación con otros para proyectos de ayuda social, y recalcó que los fondos públicos deben liquidarse en favor de las comunidades, no en efectivo ni en cheque para ejecutar subvenciones.

El economista Roberto Lagos advirtió que la renuncia de Cardona «no resuelve el problema de fondo», ya que «aún hay mucha tela que cortar». Lagos exigió que «todos los recursos gestionados por los diputados a través de secretarías de estado deben ser investigados inmediatamente».

Críticas a la Secretaría de Transparencia y el Ministerio Público

La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, calificó la salida de Cardona como una «reacción calculada y no auténtica del gobierno», sugiriendo que la decisión fue estratégica en un año electoral para evitar comparaciones con escándalos de gobiernos anteriores, como el del Partido Nacional. Castellanos criticó que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción solo se pronunciara «cuando el incendio se propagó por toda la casa» y bajo la presión presidencial.

Hugo Ramón Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), fue aún más contundente, comparando el caso de Sedesol con el megafraude del IHSS, los hospitales móviles y el «Caso Pandora». Maldonado instó al Ministerio Público a «despertar de una vez por todas» y presentar requerimientos fiscales contra Cardona y Cuéllar, cuestionando por qué no se ha investigado cuántos diputados tuvieron acceso a millones de lempiras.

El líder jesuita Ismael Moreno, Padre Melo, se sumó a las críticas, exigiendo al Ministerio Público investigar a fondo y que «no quede todo en la penumbra de la impunidad», calificando el informe de Transparencia como un «informe churro». La sociedad hondureña, afirmó, «merece respuestas mucho más serias».

El escándalo de los «cheques de Sedesol» no solo expone un presunto caso de corrupción, sino que también reaviva el debate sobre la falta de una CICIH robusta y la necesidad de una rendición de cuentas efectiva para los funcionarios públicos en Honduras.(Con informacióm de Proceso Digital)