Tegucigalpa, Honduras. — Alrededor de 25 mil hondureños que estuvieron amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) lograron regularizar su situación migratoria en Estados Unidos mediante la residencia u otros mecanismos legales, según información proporcionada por autoridades diplomáticas hondureñas.

La cifra cobra relevancia ante el escenario que enfrentan los compatriotas que todavía dependen del TPS y las gestiones que realiza Honduras para buscar alternativas que reduzcan el impacto de la terminación de esta protección migratoria.

Según lo expuesto por el diplomático, del universo de beneficiarios que existía años atrás, miles consiguieron durante ese período acceder a otras vías contempladas por la legislación estadounidense para permanecer legalmente en el país.

Honduras explora una protección alternativa

El funcionario reconoció que la posibilidad de una nueva extensión del TPS enfrenta una posición negativa del Gobierno estadounidense, por lo que las gestiones hondureñas también se concentran en explorar otras opciones.

Entre ellas mencionó la posibilidad de analizar un mecanismo similar a la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), que podría brindar protección temporal frente a la deportación.

Otra posibilidad planteada sería conseguir un período adicional antes de la aplicación de las disposiciones migratorias que obligarían a abandonar Estados Unidos, alternativa que, según indicó, permanece bajo consideración.

El diplomático consideró difícil conseguir una reversión de la decisión sobre el TPS debido a las prioridades migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

En ese escenario, señaló que Honduras busca fortalecer la relación de amistad y cooperación con Estados Unidos como parte de sus esfuerzos diplomáticos, aunque reconoció que las decisiones estadounidenses también están condicionadas por la política migratoria de Washington y los antecedentes recientes de la relación bilateral.

Para los hondureños que todavía dependen del TPS, el panorama obliga a examinar individualmente las alternativas legales disponibles, mientras continúan las gestiones para determinar si Washington concede algún mecanismo temporal adicional.