El Gobierno de Honduras anunció el inicio de una estrategia diplomática con autoridades de Estados Unidos luego del reciente fallo de la Corte Suprema estadounidense que permite al Departamento de Seguridad Nacional revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para determinados grupos de migrantes.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades hondureñas expresaron preocupación por el impacto que la decisión judicial podría tener sobre miles de familias acogidas a este programa migratorio, aunque la resolución no afecta de manera inmediata a los hondureños beneficiarios.

Como parte de las acciones emprendidas, el Gobierno informó que solicitó una reunión de carácter urgente con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, con el propósito de analizar las implicaciones del fallo y plantear alternativas que permitan proteger a los migrantes amparados por el TPS.

La administración del presidente Nasry Asfura reiteró su respeto por las instituciones y el sistema judicial de Estados Unidos, pero al mismo tiempo apeló a que cualquier decisión futura considere criterios humanitarios, la protección de la unidad familiar y la necesidad de otorgar certeza jurídica a quienes han construido su vida en territorio estadounidense.

La Cancillería subrayó que detrás de las estadísticas existen familias que han contribuido durante años a la economía estadounidense, incluidos trabajadores, emprendedores y padres de menores nacidos en ese país, por lo que una eventual cancelación del beneficio tendría consecuencias sociales y económicas significativas.

En ese sentido, Honduras buscará negociar un período de transición que permita a los beneficiarios regularizar su situación migratoria y resolver asuntos laborales, patrimoniales y familiares antes de cualquier cambio en su estatus.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad hondureña en Estados Unidos para mantener la calma, evitar decisiones apresuradas y no firmar documentos sin recibir asesoría legal especializada, además de mantenerse alerta frente a posibles fraudes relacionados con trámites migratorios.

Actualmente, alrededor de 55.000 hondureños permanecen protegidos por el TPS, un programa creado por Estados Unidos para brindar residencia y autorización temporal de trabajo a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos que impiden un retorno seguro. El Gobierno aseguró que continuará realizando gestiones diplomáticas y coordinando esfuerzos con organizaciones internacionales y de la sociedad civil para defender los derechos de sus connacionales en el exterior.