El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa para derogar el artículo 95-A de las Disposiciones Generales del Presupuesto, que establece restricciones a los acuerdos conciliatorios derivados de demandas laborales contra instituciones del Estado.

Según explicó el titular del Legislativo, la disposición vigente fija un techo del 80 % de los beneficios reclamados en las conciliaciones laborales, con un plazo de pago de tres años.

La propuesta busca eliminar esa limitación y permitir que los trabajadores, sus representantes legales y las instituciones públicas negocien voluntariamente las condiciones de los acuerdos.

De aprobarse, la reforma podría beneficiar a ciudadanos que mantienen litigios laborales contra distintas dependencias estatales.

¿QUÉ CAMBIARÍA PARA LOS TRABAJADORES?

Actualmente, según lo expuesto por Zambrano, el artículo 95-A limita el monto que puede reconocerse mediante un arreglo conciliatorio y establece un período para efectuar el pago.

Con la derogación propuesta, ese techo dejaría de aplicarse bajo la disposición señalada, lo que permitiría a las partes negociar las condiciones de cada acuerdo sin esa restricción específica.

Zambrano argumentó que las conciliaciones son mecanismos voluntarios y que corresponde a los trabajadores, sus abogados y las instituciones involucradas determinar los términos de una solución.

“Las conciliaciones son acuerdos entre las partes”, expresó el presidente del Congreso al justificar la iniciativa.

Sin embargo, eliminar el límite no significaría que todos los demandantes recibirán automáticamente el 100 % de sus reclamaciones, ya que los montos dependerían de cada negociación y de las disposiciones legales aplicables.

REFORMA ALCANZARÍA A DEMANDANTES DE DISTINTOS SECTORES

El titular del Legislativo sostuvo que existen hondureños vinculados a diferentes partidos políticos que mantienen demandas laborales contra el Estado.

Mencionó a simpatizantes de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre), para señalar que el problema afecta a personas de distintas afiliaciones políticas.

A su criterio, la reforma permitiría abrir un mayor espacio de negociación entre los demandantes y las instituciones públicas.

Zambrano consideró oportuno que sean los abogados y los trabajadores quienes determinen, junto con las entidades estatales, los arreglos que correspondan.

¿QUÉ SIGUE EN EL CONGRESO?

La iniciativa fue presentada este lunes, pero la información proporcionada no establece que ya haya sido aprobada.

Por tanto, el artículo 95-A no puede considerarse derogado únicamente por la presentación de la propuesta.

El Congreso deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de que la reforma pueda entrar en vigor.

Tampoco se ha precisado cuántas demandas laborales podrían beneficiarse ni el impacto presupuestario que tendría la eliminación de las restricciones.