El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) confirmó que unas 44,000 quintales de frijol almacenados en sus bodegas quedaron fuera de condiciones aptas para el consumo humano, un hallazgo que representa una pérdida estimada de 85 millones de lempiras, según cálculos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El gerente del IHMA, Allan Castillo, quien asumió funciones el 20 de marzo de 2026, explicó que la situación salió a la luz tras ordenar una revisión técnica completa del inventario de reservas estratégicas.

Evaluaciones revelan deterioro acumulado

Los análisis determinaron que el grano dañado corresponde a cosechas de 2023, 2024 y 2025, con distintos niveles de afectación. Castillo señaló que parte del frijol presenta tiempos de cocción excesivos —de hasta tres horas— y otra porción ya no es apta para consumo.

El funcionario atribuyó el deterioro a la falta de rotación del inventario durante administraciones anteriores, un procedimiento obligatorio dentro de la institución para garantizar la calidad del grano almacenado.

Aun así, Castillo descartó un riesgo de desabastecimiento. Afirmó que, tras recorridos por distintas zonas productivas, existe suficiente producción nacional para cubrir la demanda interna.

Exgerente rechaza conclusiones y defiende su gestión

La versión oficial fue inmediatamente cuestionada por Omar Gonzáles, quien dirigió el IHMA entre noviembre de 2024 y marzo de 2026. El exfuncionario aseguró que los datos divulgados no coinciden con los inventarios que entregó al dejar el cargo.

Gonzáles también puso en duda el criterio técnico utilizado para declarar el frijol como dañado. Afirmó que un mayor tiempo de cocción no implica necesariamente deterioro ni representa un riesgo sanitario.

Además, defendió las políticas de compra directa a productores implementadas durante su administración, argumentando que estas medidas redujeron la intermediación y fortalecieron la cadena productiva nacional.

El rol del IHMA y la transparencia en debate

El exgerente recordó que el IHMA no opera como una empresa comercial, sino como una institución estatal encargada de mantener reservas estratégicas de granos básicos para responder a emergencias, por lo que sus procesos no deben compararse con los de un negocio privado.

Ante la polémica, Gonzáles manifestó estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación que emprendan el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o el Ministerio Público (MP), asegurando que los registros de su gestión respaldan su versión.

Un tema sensible para las familias hondureñas

El caso reabre el debate sobre la administración de las reservas alimentarias del Estado en un momento en que el precio del frijol continúa siendo una preocupación para millones de hogares hondureños.