Gastos sin respaldo documental, pagos por cerca de 50 millones de lempiras a asesores y cheques millonarios cuyo destino se desconoce figuran entre las presuntas irregularidades identificadas por la Comisión Técnica Liquidadora en instituciones estatales suprimidas.

Los hallazgos forman parte de un informe preliminar que será presentado este miércoles 28 de octubre ante el Ministerio Público, para que investigue el manejo de los recursos y determine posibles responsabilidades.

La comisión está encargada de liquidar siete secretarías de Estado y otras unidades administrativas eliminadas como parte de la reorganización gubernamental impulsada por el presidente Nasry Asfura.

GASTOS MILLONARIOS BAJO INVESTIGACIÓN

Según el informe, las dependencias examinadas recibieron asignaciones presupuestarias superiores a los 8,000 millones de lempiras durante 2025, mientras que en los cuatro años de la administración anterior acumularon erogaciones por aproximadamente 28,000 millones de lempiras.

Entre las operaciones cuestionadas aparecen alquileres de vehículos, compras de alimentos sin documentación de respaldo y contrataciones de asesores por cerca de 50 millones de lempiras.

Uno de los casos involucra ayudas económicas destinadas a hondureños retornados de Estados Unidos. La comisión señala que se emitían cheques por cantidades superiores a las que finalmente recibían los beneficiarios.

Según la documentación, personal encargado de esas operaciones cambiaba los cheques en instituciones bancarias y posteriormente entregaba cantidades menores en efectivo.

También se identificaron cheques por montos millonarios cuyo destino no ha podido establecerse.

MÁS DE L130 MILLONES EN GASTOS EVITADOS

La Comisión Técnica Liquidadora reportó que el cierre de las dependencias permitió evitar gastos superiores a 130 millones de lempiras en alquileres de inmuebles y funcionamiento administrativo.

El organismo fue creado mediante el decreto ejecutivo PCM 004-2026, publicado en La Gaceta el 25 de febrero de 2026, para ejecutar el proceso de liquidación de las instituciones suprimidas.

MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ INVESTIGAR

La comisión considera que los hallazgos ameritan una investigación de los organismos competentes para esclarecer el destino de los fondos públicos.

Con la entrega del informe prevista para este miércoles, corresponderá al Ministerio Público examinar la documentación, verificar las operaciones señaladas y determinar si existen indicios de delitos.

Los señalamientos forman parte de una revisión preliminar y no constituyen, por sí mismos, responsabilidades penales comprobadas contra funcionarios o exempleados de las instituciones examinadas.