La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, Ivonne Ardón, cuestionó con firmeza la propuesta de eliminar esta entidad para trasladar sus funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La funcionaria advirtió que esta medida representaría un grave retroceso institucional, ya que debilitaría los mecanismos de control del dinero en la política y saturaría la capacidad operativa del organismo contralor.

Ardón reconoció que cualquier sector tiene derecho a presentar propuestas, pero sostuvo que corresponde al Congreso Nacional analizar con rigurosidad el impacto de una eventual reforma.

De este modo, recordó que la creación de la Unidad de Política Limpia no fue una decisión antojadiza o improvisada, sino el resultado directo de una exigencia de la sociedad civil y de un proceso impulsado en su momento por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Para la comisionada, la supresión de la Unidad obligaría a realizar una compleja reforma a la Ley Orgánica del TSC con el fin de otorgarle las facultades legales necesarias para asumir estas nuevas tareas.

MÁS CARGA

Explicó que la labor de Política Limpia requiere una estructura técnica y especializada porque audita recursos de naturaleza mixta, combinando los fondos privados de campaña con los recursos públicos que el Estado asigna a los partidos políticos, una dinámica muy distinta a la fiscalización tradicional de la administración pública.

Asimismo, la funcionaria advirtió que trasladar estas responsabilidades al TSC supondría incrementar considerablemente su carga de trabajo, tomando en cuenta que actualmente ese organismo ya debe fiscalizar a más de 500 instituciones.

Como ejemplo de esta problemática, Ardón cuestionó si el Tribunal tendría la capacidad real para absorber el control de un proceso electoral primario, el cual implica auditar simultáneamente a más de 5,000 precandidatos, más de 14 movimientos internos y un elevado volumen de información financiera.

Por otra parte, la comisionada criticó que entre los diputados que respaldan la iniciativa de eliminación se encuentre un excomisionado que ocupó el cargo de primer comisionado de esa misma institución.

Ante esto, pidió al Poder Legislativo valorar los resultados tangibles obtenidos por la Unidad, destacando que el actual pleno de comisionados, en funciones desde el 29 de febrero de 2024, ha impuesto 1,470 multas a precandidatos por violaciones a la normativa y mantiene en desarrollo los procesos de sanción contra candidatos de elecciones generales que incumplieron con su rendición de cuentas.

Ardón concluyó que desaparecer el ente fiscalizador no constituye una solución adecuada para el sistema democrático del país.

Por ello, hizo un llamado enérgico a buscar alternativas legales y operativas que permitan fortalecer la transparencia en el financiamiento político, en lugar de trasladar funciones tan críticas a una institución que ya enfrenta una saturación en sus responsabilidades institucionales.