Las autoridades hondureñas están procesando a un exgeneral por aceptar sobornos de narcotraficantes utilizando pruebas de video similares que implicaron a un pariente del presidente en funciones que nunca fue acusado, lo que subraya la naturaleza selectiva de tales enjuiciamientos.

El 23 de mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció cargos de lavado de dinero contra Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe de las fuerzas armadas de Honduras. Los fiscales lo acusaron de lavar las ganancias de las drogas de Los Cachiros, uno de los grupos de tráfico de cocaína más prominentes del país.

Los fiscales dijeron que los cargos estaban respaldados por «pruebas periciales» analizadas por técnicos forenses. Esto se refería a varios videos que, según alegan, muestran a Vásquez reunido en San Pedro Sula con varios narcotraficantes, entre ellos Carlos Lobo, alias «El Negro Lobo», y Héctor Fernández Rosa, alias «Don H», así como Yankel Rosenthal, un exministro del gobierno que luego fue condenado por lavar dinero del narcotráfico.

En uno de los videos, Vásquez presuntamente recibió una cantidad no especificada de dinero en efectivo de Devis Leonel Rivera Maradiaga, un ex líder de Los Cachiros actualmente encarcelado en Estados Unidos. Según los informes, Maradiaga filmó el video en 2013, cuando Vásquez se postulaba como candidato presidencial de un partido político llamado Alianza Patriótica.

El último escándalo se produce poco más de ocho meses después de que InSight Crime publicara otro narcovideo filmado por Maradiaga que implicaba a Carlos Zelaya, el cuñado de la presidenta Xiomara Castro. En ese video, se ve a Zelaya reuniéndose con muchos de los mismos narcotraficantes que Vásquez, incluidos Don H, El Negro Lobo y Ramón Matta Waldurraga, para negociar donaciones a la fallida campaña presidencial de Castro en 2013.

Durante la reunión, se escuchó a Zelaya decir que la mitad del dinero propuesto, que ascendía a más de 500.000 dólares, se destinaría a la campaña de Castro, mientras que la otra mitad «debe ser para el comandante«, refiriéndose al apodo que muchos dentro del gobernante Partido Libre usan para el hermano de Carlos, y esposo de Castro, Mel Zelaya.

Carlos Zelaya admitió haber asistido a la reunión que se muestra en el video publicado por InSight Crime pocos días antes de su publicación. Sin embargo, negó que él o la campaña de Castro hayan recibido dinero de los traficantes.

Análisis de InSight Crime

La oleada de narcovideos que atrapan a la clase política hondureña en otro escándalo deja al descubierto la justicia selectiva en juego en el país y el continuo fracaso de los funcionarios electos para erradicar la corrupción de alto nivel cuando eso significaría apuntar a aliados poderosos.

En el momento de la publicación del primer narcovideo, Carlos Zelaya renunció a la legislatura y renunció a su cargo como secretario del Congreso. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente de ningún delito y ha seguido recibiendo pagos mensuales de salario, según una investigación del grupo de noticias independiente Contracorriente. En total, Zelaya habría recibido más de 900.000 lempiras (casi $35.000) desde su renuncia.

Un portavoz de la Fiscalía General de la Nación no respondió a la solicitud de comentarios de InSight Crime.

La presidenta Castro condenó las negociaciones entre narcotraficantes y políticos en un discurso televisado tras la publicación del video que implica a su cuñado. Pero el contraste en la forma en que los fiscales manejaron las pruebas en video presentadas contra Vásquez y Zelaya sugiere que solo ciertas personas tendrán que rendir cuentas por el tipo de corrupción que ha socavado el sistema político en beneficio de los narcotraficantes.

«Era evidente que este gobierno tenía serios vínculos con el crimen organizado después del video de Carlos Zelaya», dijo Gabriela Blen, activista anticorrupción y fundadora del Movimiento Indignados. «Pero negociaron la impunidad para sus líderes de más alto rango, y Romeo Vázquez obviamente no fue parte de los pactos de impunidad que negociaron».

Lo que es más, el gobierno de Castro ha demorado la instalación de una misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas conocida como la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), a pesar de que la propuesta cuenta con un amplio apoyo entre los grupos de la sociedad civil y los defensores de la lucha contra la corrupción.