El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó suspender durante cinco días la orden de captura contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador de la Tasa de Seguridad, investigado por presuntas irregularidades en un contrato millonario para adquirir tarjetas destinadas a licencias de conducir.

– La medida judicial instruye a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dejar temporalmente sin efecto la orden emitida el 16 de agosto de 2025. Según información preliminar, la decisión podría facilitar la presentación voluntaria del exfuncionario ante los tribunales hondureños.

La resolución no implica la eliminación de los cargos ni el cierre de la investigación, sino una suspensión limitada de la orden de aprehensión.

¿DE QUÉ SE ACUSA AL EXFUNCIONARIO?

El Ministerio Público señala a Molina Rodríguez y a Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plasticards S. A., por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.

Según la investigación fiscal, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó a Plasticards un contrato para suministrar 480,000 tarjetas de PVC destinadas a la emisión de licencias de conducir.

Sin embargo, las autoridades sostienen que únicamente ingresaron al país 258,000 unidades, pese a que el 22 de enero de 2022 se realizó un desembolso de 18.5 millones de lempiras.

La Fiscalía también investiga una transferencia de aproximadamente 17 millones de lempiras desde Plasticards hacia Inversiones MyM S. de R. L., sociedad que vincula con Molina Rodríguez.

ANTECEDENTES JUDICIALES EN ESTADOS UNIDOS

El excoordinador de la Tasa de Seguridad también enfrentó un proceso penal en Estados Unidos por hechos relacionados con contratos para el suministro de uniformes policiales.

El 4 de diciembre de 2025 fue condenado a 30 meses, tras admitir su participación en una conspiración relacionada con lavado de dinero y sobornos.

De acuerdo con la información del proceso estadounidense, la sentencia contempló 13 meses de reclusión y 17 meses de arresto domiciliario como parte de las condiciones establecidas por el tribunal.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2026, una jueza federal autorizó la devolución de su pasaporte.

Se trata de un expediente distinto al que actualmente se tramita en Honduras por la adquisición de tarjetas para licencias de conducir.

INVESTIGACIÓN INCLUYE BIENES Y CUENTAS BANCARIAS

Como parte de las diligencias relacionadas con el caso hondureño, el Ministerio Público ha ejecutado medidas de aseguramiento sobre bienes inmuebles, vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles vinculadas con los investigados.

Estas acciones buscan preservar bienes mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR DESPUÉS?

La suspensión de la orden de captura abre un período de cinco días durante el cual Molina Rodríguez podría comparecer voluntariamente ante la justicia hondureña.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente que el exfuncionario se haya presentado ante el juzgado.

Una vez concluido el plazo, corresponderá a las autoridades judiciales determinar las actuaciones siguientes conforme al estado del expediente.