** Te vamos a desaparecer, nos vamos a pasear en tu vida, le dijo Mario Morazán a Urrutia.

El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció este miércoles que su vivienda ha sido “sitiada” por agentes del Ministerio Público y otros órganos de seguridad del Estado, en lo que calificó como una acción intimidatoria vinculada a su labor judicial.

El magistrado responsabilizó directamente al expresidente Manuel Zelaya, al fiscal general Johel Zelaya, al gobierno y al partido Libre por lo que considera una persecución institucional.

Durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Televicentro, conducido por Renato Álvarez, Flores Urrutia hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan ante lo que describió como una amenaza directa a su seguridad y la de su familia. “Realmente están poniendo en riesgo la seguridad personal y la de mi familia”, advirtió.

La denuncia ocurre en paralelo a la presentación de audios por parte del fiscal general Johel Zelaya, entregados previamente por el consejero electoral Marlon Ochoa, que según el Ministerio Público podrían dar lugar a investigaciones por varios delitos.

Flores Urrutia ha sido señalado en el marco de una controversia por resoluciones del TJE que permitieron la inscripción de candidatos cuestionados.

El magistrado reveló que ha recibido amenazas directas, incluso de parte de su colega en el TJE, Mario Morazán, afiliado al partido Libre. “Me dijo: ‘vamos a destruir tu vida’. Me siento en un riesgo que me pase algo”, declaró. También expresó su preocupación por lo que considera una instrumentalización de los órganos represores del Estado.

“El gobierno quiere desintegrar los órganos electorales”, afirmó Flores Urrutia, señalando que se siente vulnerable ante lo que considera una campaña para socavar la independencia del TJE. “Estoy preocupado por estos órganos represores del Estado”, reiteró.

Este episodio se suma a una creciente tensión institucional en Honduras, donde las decisiones judiciales en materia electoral han generado confrontaciones entre magistrados, partidos políticos y entes investigativos.