Un presunto desvío de más de siete millones de lempiras del Instituto Nacional Penitenciario (INP), destinados a la indemnización a familiares de reclusos que fallecieron en un incendio en el centro penal de San Pedro Sula, en 2004, es investigado por el Ministerio Público.

A las oficinas del INP, llegaron personeros de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Según se informó, una de los miembros de la comisión interventora del INP, Karla Patricia Pavón, es investigada por el MP, porque se supone que cobró 49 cheques por un monto de siete millones 140 mil 529 lempiras con 62 centavos.

Bustillo habría cobrado los cheques ante el Banco Central de Honduras (BCH), indica la nota de prensa del Ministerio Público.

Como se sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras por el incendio del penal sampedrano, ocurrido el 17 de mayo de 2004, cuando perecieron 107 reos.