La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este jueves 12 de noviembre de 2026 su preocupación por las reformas penales aprobadas en Honduras para combatir las maras, pandillas y el crimen organizado, al considerar que varias disposiciones podrían vulnerar garantías fundamentales, facilitar detenciones arbitrarias y limitar la independencia judicial.

– El organismo internacional advirtió que utilizar tatuajes como indicios de pertenencia a organizaciones criminales, ampliar los plazos de detención y establecer prisión preventiva obligatoria representa riesgos para la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Infobae+1

Las observaciones de Naciones Unidas se producen después de que el Congreso Nacional aprobara, el pasado 27 de octubre, un paquete de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y legislación penitenciaria, promovido por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente Nasry Asfura.

Las disposiciones, que entraron en vigor el 3 de noviembre tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, contemplan penas de hasta 40 años de prisión y privación de libertad de por vida para determinados cabecillas de estructuras criminales.

TATUAJES NO DEBEN CONVERTIRSE EN PRUEBA DE CULPABILIDAD

Uno de los principales cuestionamientos de OACNUDH está relacionado con la posibilidad de identificar a presuntos integrantes de maras y pandillas mediante tatuajes, símbolos y otras características físicas.

El organismo sostiene que la responsabilidad penal debe establecerse mediante investigaciones y pruebas individualizadas, y no únicamente por la apariencia de una persona.

En ese sentido, considera que ampliar el delito de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos, establecer su carácter permanente y permitir su acreditación mediante tatuajes puede afectar los principios de legalidad, responsabilidad penal individual y presunción de inocencia.

La advertencia cobra relevancia porque las nuevas disposiciones buscan facilitar la identificación y captura de personas presuntamente vinculadas con estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.

ADVIERTEN RIESGOS DE DETENCIONES ARBITRARIAS

Naciones Unidas también cuestionó la ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial.

Según el organismo, esta disposición podría incrementar los riesgos de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos e incluso situaciones que faciliten desapariciones forzadas, particularmente cuando las capturas se fundamenten principalmente en características externas de las personas.

Otra preocupación está relacionada con la imposición obligatoria de prisión preventiva en centros de máxima seguridad, sin una revisión judicial individualizada.

OACNUDH considera que estas medidas pueden anticipar castigos antes de que exista una sentencia condenatoria y restringir la capacidad de los jueces para evaluar las circunstancias particulares de cada acusado.

REFORMAS SE ASEMEJAN A MEDIDAS DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN

La oficina de Naciones Unidas advirtió, además, que el conjunto de restricciones incorporadas en las reformas presenta características similares a las facultades utilizadas durante un estado de excepción, aunque en Honduras no se haya declarado formalmente una suspensión de garantías constitucionales.

El señalamiento plantea interrogantes sobre los límites que deben observar las instituciones de seguridad y justicia al aplicar las nuevas herramientas legales.

No obstante, el organismo reconoció que Honduras enfrenta graves problemas de violencia, extorsión y criminalidad organizada, y que el Estado tiene la obligación de proteger a la población y garantizar justicia a las víctimas.

Su posición es que estas responsabilidades deben cumplirse respetando la Constitución y los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el país.

GOBIERNO DEFIENDE ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS

Las autoridades hondureñas sostienen que las reformas son necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales responsables de extorsiones, homicidios, narcotráfico y otros delitos que afectan a la población.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha defendido las modificaciones legales al considerar que proporcionan mayores herramientas a los organismos de seguridad y justicia para perseguir a las estructuras delictivas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, ha destacado que el Gobierno busca fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad. Diario Nacional de Honduras+1

¿QUÉ PODRÍA OCURRIR CON LAS REFORMAS?

Las observaciones de Naciones Unidas abren un nuevo debate sobre la compatibilidad de las reformas con las garantías constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Honduras.

Uno de los principales desafíos será determinar si las autoridades pueden aplicar medidas más severas contra las estructuras criminales sin afectar los derechos de personas que no han sido declaradas culpables.

La controversia también podría dar lugar a solicitudes de revisión legislativa y recursos judiciales contra disposiciones consideradas incompatibles con la Constitución.

El punto central del debate es si Honduras podrá fortalecer la lucha contra las maras y pandillas sin convertir las medidas de seguridad en instrumentos que permitan detenciones arbitrarias o restricciones desproporcionadas de derechos fundamentales.