Un total de 136 personas han sido capturadas por asociación terrorista en Honduras desde septiembre, como resultado de la Operación Escudo, según el informe de la Policía Nacional actualizado al 8 de noviembre.

De los detenidos, 61 están vinculados presuntamente a la Mara Salvatrucha (MS-13), 46 a la Pandilla 18 y 29 al denominado Cártel del Diablo. Del total, 125 son hombres y 11 mujeres.

Las capturas aumentaron de 14 en septiembre a 60 en octubre, mientras que durante los primeros ocho días de noviembre se registraron 62.

Francisco Morazán concentra 46 detenciones, seguido de Yoro con 33 y Cortés con 24. Las restantes se distribuyen en otros 12 departamentos.

Decomisos y procesos judiciales

Durante los operativos se decomisaron 20 armas largas, 23 armas cortas, 1,051 municiones, un lanzagranadas, además de cocaína, marihuana y crack.

De los 136 detenidos, 54 tienen auto de formal procesamiento y 82 están pendientes de audiencia.

El comisionado Eduardo Lanza, subdirector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que la Operación Escudo se desarrolla en los 18 departamentos, mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Militar.

Como parte de las medidas de seguridad, se habilitaron módulos de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional de Támara para integrantes de estructuras criminales declaradas terroristas.

Asimismo, las audiencias relacionadas con terrorismo podrán realizarse de manera virtual desde el centro penitenciario, para reducir los riesgos durante el traslado de detenidos.

Casa Segura amplía protección a víctimas de agresiones

Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en La Gaceta el 30 de octubre, también incorporan disposiciones conocidas como Casa Segura, que amplían la presunción de legítima defensa ante determinadas agresiones en viviendas, negocios y vehículos.

El diputado liberal Alex Berríos, impulsor de la iniciativa, explicó que la normativa busca proteger jurídicamente a quienes actúan para defender su vida, su familia o sus bienes frente a una agresión.

La reforma establece una presunción de legítima defensa cuando una persona enfrenta determinadas situaciones de ingreso violento o intimidación, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

El abogado y criminólogo Gonzalo Sánchez explicó que esta protección tiene límites: cuando el agresor desiste y huye, perseguirlo para causarle la muerte queda fuera de la legítima defensa porque el peligro ha cesado.

También advirtió que utilizar un arma sin registrar puede generar responsabilidad penal por tenencia o portación ilegal, aun cuando la actuación sea considerada legítima defensa.